
El escrito, a favor de él y su familia, acusa maltrato sicológico y persecución laboral.
El recurso, en síntesis, da cuenta que el sargento de Carabineros ha prestado servicios en Porvenir desde el año 2004, y que en enero pasado se le notificó su traslado a la ciudad de Curicó, iniciándose allí todos los inconvenientes que lo mantienen actualmente con un cuadro depresivo.
Tras su notificación de traslado, agrega el escrito, el sargento de Carabineros inició los trámites relativos a la venta de un inmueble adquirido en Porvenir, situación para lo cual se hizo asesorar por la entidad bancaria de la comuna, obligándolo de esta forma a realizar una serie de trámites consistentes en la regularización del bien inmueble, requisitos básicos para poder concretar la venta.
El trámite tardó e impidió, según el suboficial de Carabineros, poder adquirir una vivienda en su lugar de destinación, y ante la incertidumbre, en torno a contar con un lugar donde vivir, y cómo garantizar la educación de su hijo en su nuevo lugar de destino, lo llevó a caer en una fuerte depresión, de la cual hasta hoy lo mantienen con licencia médica, con reposo absoluto.
Abarca, en la actualidad se encuentra con licencia emitida por un facultativo médico del centro de salud militar de Punta Arenas, con diagnóstico de “trastorno por angustia generalizado, severo estrés ambiental, asociado a episodios depresivos mayor severo con repercusión en actividad relativa diaria, por agravamiento de angustia persistente distoria con labilidad”.
Vulneración de menor
A esto se suma, una visita recibida el día 14 de septiembre por parte de funcionarios de la Tercera Comisaría de Porvenir, los cuales le notificaron de una denuncia en su contra ante los tribunales de familia de dicha localidad, por el delito de vulneración de derechos de sus hijos, lo que sin duda vino a complicar más su condición médica ante tan falsa situación. Abarca en compañía de su grupo familiar, se constituyó en el Tribunal de Familia fueguino el día 25 de septiembre, lugar donde fue atendido por el juez Cristian Matus Cuevas, el que al analizar la denuncia junto a profesionales del tribunal y de su propia familia, resolvió que “no existe una vulneración grave de derechos del menor que amerite la aplicación de una medida de protección a su favor”, determinando además enviar al menor al establecimiento educacional como oyente, hasta su posterior traslado a la ciudad de Curicó.
En el recurso, el sargento Juan Reinaldo Abarca Abarca, reitera a la Corte de Apelaciones que lo vivido por él y su familia, son hechos constitutivos de hostigamiento laboral por parte de su unidad policial, y estigmatizándolo con una falsa denuncia de vulneración de derechos de sus hijos.
Finalmente, el recurso añade que ante su condición médica, han sido reiteradas las ocasiones que ha tenido que ser examinado por la comisión médica de Carabineros, la cual ha resuelto a favor de él, y es precisamente la Tercera Comisaría de Porvenir, la cual oficia a dicho organismo técnico que lo licencie de las filas, situación que anímicamente lo afecta cada día más.
Se espera que en los próximos días la Corte de Apelaciones revise dicha presentación y defina si es acogido el recurso en sí o lo rechaza de plano.