La acusación que presentó ayer el fiscal jefe de Punta Arenas, Felipe Aguirre, está redactada en capítulos e involucra a ocho personas. Penas que suman 12 años de cárcel, otras cinco y tres, está pidiendo el fiscal jefe de Punta Arenas para los acusados de participar en el fraude económico más grande de la historia de la Municipalidad de Timaukel. La lista la encabeza el ex alcalde Atilio Gallardo Bustamante y el entonces jefe de Finanzas, Néstor Fabián Caro Pérez, más algunos asesores y cercanos que se sumaron a medida que fue avanzando la investigación, como la ingeniero comercial y ex jefa de la División de Análisis y Control del Gobierno, Yolanda Pamela Díaz Chacón.
La estafa investigada por el fiscal con especialidad en “delitos funcionarios y probidad pública”, superaría los 150 millones de pesos en perjuicio de las arcas municipales de Timaukel.
Durante la investigación hubo dos audiencias de formalización de cargos. La primera en junio de 2012 y la segunda fue un año después, en el mismo mes.
Penas
Cerrada la investigación, el fiscal Felipe Aguirre presentó ayer la acusación en contra de todos los imputados.
La lista la encabeza el ex jefe comunal, Atilio Fabián Gallardo Bustamante, para quien solicita dos condenas: una de siete años de presidio “como autor de los delitos de fraudes reiterados” y otra de cinco años de cárcel, por “malversación de causales públicos”.
Para Néstor Fabián Caro se solicitan las mismas dos penas: de siete y cinco años de presidio, por iguales delitos.
El listado continúa con el ex administrador municipal, Luis Antonio Meriño Lema, quien arriesga cinco años y un día de presidio, por “fraudes reiterados” y otros tres años en su calidad de “cómplice de malversación de caudales públicos”.
Para Patricio Alfredo Arteaga Zárate el fiscal solicita dos penas que suman ocho años. La primera, de cinco años y un día de presidio, es por “delitos de fraudes reiterados”; y la segunda de tres años y un día por cómplice de “malversación de caudales públicos”.
En el caso de Miguelina del Carmen Barría Álvarez y Sixto Octavio Subiabre Alarcón, el Ministerio Público pide una sanción de cinco años y un día de presidio cada uno, “como autores de estafas reiteradas”.
Para Adán Huenteo Antimán solicita cinco años de presidio como “autor de estafas reiteradas”.
Cierra la lista quien fuera asesora del Gobierno, Yolanda Pamela Díaz Chacón, para quien la fiscalía pide una pena única de tres años y un día de presidio, en su calidad de “autora de estafas reiteradas”.
Fraude
El millonario fraude guarda relación con un extenso listado de pagos por comidas, compras y obras que nunca se ejecutaron, pero que sí se cobraron con fines personales, según detalla el fiscal en la acusación descrita en capítulos y que suma decenas de carillas.
Principalmente el fiscal logró establecer en su investigación gastos excesivos en banquetería, almuerzos, comidas, compras, algunas de carácter personal traducidas en mercadería adquirida en supermercados.
Además de trabajos que se contrataron y cancelaron, muchos de los cuales jamás se ejecutaron, fraudes cometidos entre los años 2009 y 2011.
Por mencionar solamente un caso, con fecha 13 de mayo de 2010, el municipio canceló a Sixto Subiabre $ 1.840.000, “por supuestos servicios de mantención de parques y jardines y otras labores menores, defraudando al municipio de Timaukel por cuanto no correspondía pagar esa suma de dinero, “ya que dichas labores no se corresponden con la realidad del poblado de Villa Cameron, en el cual no existen tales parques ni jardines”. El pago lo cobró Miguelina Barría, “conviviente del imputado Sixto Subiabre”, con cargo a una de las cuentas corrientes del municipio, el cheque que fue firmado por Atilio Gallardo.
Yolanda Díaz mantenía con la Municipalidad de Timaukel un contrato a honorarios por prestación de asesorías y por el cual emitía boleta de honorarios por $1.000.000 mensual.
Con la finalidad de estafar y defraudar al municipio, la imputada propugnó la constitución ,con fecha 27 de septiembre del año 2011, de la sociedad “Capital Patagónico SPA”, apareciendo como dueño José Almonacid Yáñez, participando en la constitución de tal sociedad el cuñado de la imputada, el ex seremi de Justicia, Ronald Klesee Azócar, “en circunstancias que en realidad quien manejaba tal sociedad era en los hechos la misma imputada; debido a que a Almonacid solamente se le ordenó participar y aparecer como tal, en la sociedad, por cuanto era empleado del padre de la imputada en una oficina de asesorías de contabilidad, reseña la acusación fiscal.
Aguirre acusa a Atilio Gallardo de ejecutar “gastos improcedentes de supermercado”, cuando tenía a su cargo los caudales públicos, “los cuales le fueron pagados y restituidos en su favor por el municipio, bajo sus precisas instrucciones”, por $ 766.977, por productos tales como Coca-Cola, lavalozas, detergentes, papas fritas, mariscos en conserva, “todos en su beneficio personal”. Además de fiambre, pan, leche, mantequilla, mayonesa, empanadas, pollos, frutas y verduras, entre otras. Los cheques los confeccionaba el jefe de Finanzas y cobraba el jefe comunal.