En una decisión unánime, la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, encabezada por el ministro Patricio Villarroel, determinó que el deber de reserva de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) es respecto de sus funcionarios y no de los tribunales de Justicia ni de la Fiscalía. El dictamen detalla que la ley le otorga a esta última repartición la exclusividad de la investigación de los presuntos delitos, como pueden ser en este caso las infracciones a la Ley de Sociedades Anónimas y al mercado de valores como lo ha citado el propio órgano fiscalizador.

De este modo, la SVS tendrá que entregar la investigación que está realizando en contra del principal controlador de SQM, Julio Ponce Lerou, y otros tres ejecutivos.