
El caso de Inés del Río, condenada a más de 3.000 años de prisión por 23 asesinatos, atentados, tenencia de explosivos y falsificación de documentos, puede suponer la puesta en libertad de más de medio centenar de presos etarras en cárceles españolas.
En los últimos años Inés del Río había cumplido condena en Teixeiro por delitos, entre otros, de atentados, asesinatos, estragos, tenencia de explosivos y falsificación de documentos.
Del Río recurrió ante el Tedh la llamada “doctrina Parot”, una jurisprudencia del Tribunal Supremo español, que toma su nombre del etarra francés Henri Parot y obliga a computar los beneficios penitenciarios sobre el total de las penas y no sobre el límite máximo de cumplimiento de 30 años de prisión, lo que supone una prolongación de la estancia en la cárcel.