Para el director de Operaciones de la Municipalidad de Punta Arenas, Sergio Becerra, “el Gobierno debe tener un Plan B”. La Asociación Chilena de Municipalidades, luego de una reunión sostenida con el subsecretario de Desarrollo Regional, Miguel Flores, anunció que si continúa el paro de funcionarios municipales “está en riesgo la realización de las elecciones presidenciales y parlamentarias”, según dijo Santiago Rebolledo, presidente de la organización.
Esto porque como informó Sergio Becerra, director de Operaciones de la Municipalidad de Punta Arenas, la Ley 18.700 establece claramente que las municipalidades están obligadas a implementar los locales de votación, que en la capital regional alcanzan los 23, instalando las mesas, urnas y cámaras, como así también proveer de energía eléctrica.
Según dijo, se instalarán 353 mesas de votación en la ciudad, y en cada una de ellas dos cámaras, además de cuatro urnas.
Para este trabajo, la municipalidad dispondrá de seis cuadrillas, con un total de 24 funcionarios.
Al ser consultado Becerra sobre qué ocurrirá si se mantiene el paro municipal para las elecciones del domingo 17 de noviembre, éste fue claro y dijo que “en este momento el Gobierno tendrá que tener previsto un Plan B para poder subsanar este impasse”.
Para el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, en tanto, “las municipalidades no sólo estamos a cargo de los colegios y las cámaras secretas, sino que también somos parte de la contraparte del Servel para los escrutinios. Tenemos que capacitar a nuestros funcionarios y todavía no lo hemos hecho”, afirmó Rebolledo, luego del encuentro que buscaba una salida para la movilización.
Antes, en otra reunión con funcionarios del Gobierno, fueron los alcaldes oficialistas los que trataron de dar con una solución para el conflicto, que ya se extiende por once días.
Los dirigentes esperan que haya avances con el Gobierno, pero hasta ayer no había mucha esperanza de que se produjera un acercamiento. Tras más de dos años de negociaciones no se han producido avances concretos entre las partes.
El único punto donde ha habido consenso, aunque mínimo, es en relación a la necesidad de que aumente el bono que se entrega por el Programa de Mejoramiento de la Gestión.
Este se otorga en los ministerios, pero el porcentaje de aporte es mucho mayor en aquellos que en los municipios.