Cada día es más común encontrarse con “palomas”, carteles y gigantografías destruidas. Cada día es más común encontrarse con la propaganda política destruida de los candidatos que competirán el domingo 17 de noviembre en la elección presidencial, parlamentaria y a consejeros regionales.
En algunos casos sus rostros insertos en las denominadas “palomas”, están recortados e incluso se sacan de su base los letreros, no salvándose de estos actos vandálicos ni siquiera los que se encuentran en altura.
Esta situación mantiene preocupados a los comandos, que han innovado en algunos casos con las publicidades, como el de la candidatura de Domingo Rubilar, que, al igual que la concejala Claudia Barrientos en las pasadas elecciones municipales, está utilizando neumáticos con su rostro.
Varios de los carteles del candidato a diputado de la “Nueva Mayoría” han sido dañados, pudiendo detectar hace unos días personal de su comando a un grupo de mujeres de no más de 20 años destruyendo las propagandas ubicadas en Avenida Independencia, tras lo cual, como informó el encargado territorial Jonatán Contreras, realizaron la denuncia en Carabineros.
“Tuvimos la oportunidad de sorprender a un par de chicas que estaban rompiendo los neumáticos, conversamos con ellas e hicimos el llamado a Carabineros, porque sabemos que al momento de que personas estén rompiendo carteles, y en este caso neumáticos, debemos denunciar el hecho”, explicó Contreras.
Es posible observar de igual manera propagandas destruidas del diputado y candidato a senador Miodrag Marinovic y de la aspirante a la Cámara Baja, Sandra Amar, principalmente en la Población 18 de Septiembre, mientras que en el sector céntrico del aspirante al mismo escaño y actual congresista, Pedro Muñoz, como así también de la carta presidencial de la “Nueva Mayoría”, Michelle Bachelet.
En Avenida Frei, en tanto, destacan los del candidato al Consejo Regional (CORE), Carlos Hurtado.
A todos les han provocado daños, en, al menos, una publicidad, siendo eso sí la más afectada la candidata a diputada de la “Alianza”, Gloria Vilicic, quien, como dijo su jefe de campaña, Víctor Cárcamo, ha sufrido el daño de 200 “palomas”.
“Son palomas realmente atacadas, y nos damos cuenta de aquello porque se ha intentado sacarlas de cuajo, como así también el nombre y el rostro de la candidata”, señaló, agregando que “ha sido muy agotador, porque estamos trabajando con poca gente, y no es nuestro centro de campaña las palomas e imágenes, sino que ayudar a organizaciones sociales y estar en terreno, pero hay que estar en la calle porque el sistema te obliga, porque de otra manera no se está, y por otro lado hay alguien o un equipo que está tratando de destruir toda la campaña”.
Todos estas destrucciones provocan daños monetarios importantes en los comandos, especialmente para quienes poseen menos recursos para contar con afiches.
Respecto a aquello, comentó el jefe de campaña de Vilicic que no tienen un avalúo de pérdidas, debido a que la propaganda se la envió Renovación Nacional desde Santiago.
Propaganda excesiva
Conjuntamente, la destrucción de la propaganda se ha visto asimilada con el incremento de la misma, la cual ha repletado las principales avenidas de región.
En este marco, según informa el Servicio Electoral (Servel), se establece que la propaganda que no está autorizada es aquella realizada con pintura, carteles y afiches en muros públicos o privados, sin autorización del propietario.
Además, elementos que cuelguen sobre la calzada o se adhieran a tendido eléctrico, telefónico o similares, también están prohibidos y podrán ser retirados por la policía uniformada o las municipalidades.
En este marco, como informó el presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral (Servel), Patricio Santamaría, es difícil fiscalizar.
“El control está dado tanto a los Carabineros como al municipio, tienen el mismo problema que tiene el Servicio Electoral. Si a nosotros nos dieran la facultad de fiscalizar, no podríamos hacerlo, tenemos 267 personas en todo Chile”, señaló.
“Aquí se requiere una modificación legal, transparentar la finalidad de la ley, dar facultades a algún organismo en ese sentido y también llamar al autocontrol”, enfatizó.
Corrupción
Otro de los escenarios que aparecen en época de elecciones, se relaciona con la corrupción, y por ende el diputado Marinovic junto a René Alinco (IND), Mario Bertolino (RN), Juan Luis Castro (PS), Enrique Jaramillo (PPD) y Ricardo Rincón (DC), presentó un proyecto para sancionar la corrupción en cargos de elección popular.
Los diputados recalcan que la credibilidad de las instituciones en Chile tiende a la baja. Al respecto, mencionan el Índice de Confianza Pública (ICP) elaborado por la consultora ASIA Marketing, de junio de 2013, que sitúa la credibilidad de senadores y diputados en apenas un 5%.
Asimismo, el Barómetro Internacional de la Corrupción, realizado por la Organización de Transparencia Internacional en 2010, que evalúa con nota 3.6 el nivel de corrupción en el aparato público chileno.
Si bien lo anterior puede tener una serie de explicaciones políticas y sociológicas, sostienen los legisladores, contribuye a dicha situación el que según cifras del Ministerio Público, entre 2010 y 2012 la mayoría de las indagaciones por casos de corrupción terminaron en el archivo provisional: 1.734 de los casos investigados y 1.249 en suspensión condicional.
Por ello “se hace urgente y necesario que desde el Congreso Nacional demos una fuerte señal de transparencia, legislando en el sentido de establecer fuertes sanciones penales que contemplen la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos, a quienes, siendo elegidos por voluntad popular, ya sea Presidente de la República, parlamentarios, alcaldes, consejeros regionales o concejales, hayan abusado de sus cargos cometiendo actos de corrupción”, declaran los parlamentarios.
Por ello, el proyecto modifica el Código Penal, aumentando las sanciones a los empleados públicos elegidos por voluntad popular que en el ejercicio de sus cargos hayan cometido alguno de los delitos contemplados en el Título V del Código Penal.
De este modo, se establece que a los actos de corrupción cometidos por estas autoridades se les aplicará la pena contemplada para el delito en su grado máximo, y la pena accesoria de inhabilidad para el ejercicio de cargos públicos.