
“No podemos aceptar nunca más que en este país se agreda o mate a una mujer por el hecho de considerarla de su propiedad en un contexto de pareja y considerar la debilidad física propia de una mujer”, dijeron autoridades de Gobierno cuando se promulgó la ley.
La disposición privilegió las sanciones definidas por los diputados, de15 a 40 años de reclusión, dejando atrás el cambio que impulsó en su momento el Senado para reducir esta pena a una de 5 a 15 años de privación de libertad.