Los dirigentes han llamado a sus organizaciones de base a estar en “estado de alerta máxima” frente a los resultados de la negociación. Luego de reiterados encuentros fallidos entre los dirigentes de la mesa del sector público y los representantes del Gobierno, se iniciaron las conversaciones de negociación.
A pesar que los trabajadores habían solicitado que este tema se sanjara antes de las elecciones del 17 de noviembre, esto no ocurrió y provocó la reacción del sector, que en dos oportunidades realizó una paralización de actividades de 48 horas.
Finalmente, las partes lograron iniciar la negociación, dijo la presidenta provincial de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Jessica Bengoa.
Manifestó la dirigenta que la oferta que ha hecho el Gobierno de un 4 % aún está lejos del petitorio inicial de los trabajadores fiscales, de un 8,8% de reajuste y un 10% en el caso de las rentas más bajas.
Sin embargo, la mesa compuesta por 14 organizaciones del sector público flexibilizó su petitorio, y acordó bajar en un punto la demanda a 7,8% de reajuste y 9% para los sueldos inferiores a $ 750.000 líquidos.
En las últimas horas de ayer se realizó un nuevo encuentro en busca de acercar las posturas.
“La intención de los dirigentes es reunirse las veces que sea necesario, hasta el viernes 22, para terminar ese día la negociación e iniciar así el trámite en el Congreso”.
Además del reajuste, en la última reunión se abordó otros aspectos considerados en el petitorio de los trabajadores.
Uno de los puntos se refiere a los empleados que trabajan a honorarios, para los cuales el Ejecutivo respondió que los que tengan una antigüedad desde el 2007 hacia atrás y que desempeñen funciones habituales con jornada completa de trabajo, se deberán traspasar a la contrata (contratos con plazo fijo).
Así también ofrece seguro de cesantía sólo para aquellos funcionarios a los cuales se ponga término a su contrata antes del 31 de diciembre de cada año y debe tener una antigüedad mínima de 3 años.
Bengoa dijo que los temas que han demandado los funcionarios del sector público, no sólo tienen relación con el reajuste, y es por ello que ponen el énfasis necesarios en aquellos aspectos que también revisten importancia para el sector.
En este sentido dijo que en materia de trabajadores a contrata, las organizaciones también demandan la modificación al Estatuto Administrativo de aviso del término de esta contratación y exigen además que se considere en forma vinculante las calificaciones del funcionario.
“Nos preocupa la estabilidad laboral, un cambio profundo al sistema previsional, y un bono de asignación de salas cuna para hombres y mujeres, entre otros temas”, dijo la presidenta de la CUT.
Añadió Bengoa, que “es necesario solucionar los vacíos de nuestro estatuto que generan la inestabilidad laboral y un sistema previsional que no podemos seguir teniendo, negociaciones con incentivo al retiro que ayuden a palear en parte la problemática que hoy día existe sobre la vejez que tienen nuestros compañeros que reciben un tercio de su remuneraciones en actividad”.
Dijo la dirigenta que las conversaciones deben avanzar rápidamente puesto que el proyecto de Ley de Presupuesto 2014, que ya fue ingresado al Congreso por el Ejecutivo, se encuentra siendo debatido en la Comisión Mixta del Senado y la fecha tope para su aprobación es el 30 de noviembre. “Estamos con tiempos muy acotados, pero no por responsabilidad nuestra, porque el petitorio lo entregamos al Gobierno hace dos meses y es el Ejecutivo el que ha dilatado y postergado injustificadamente la mesa de negociación”.
En tanto, la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) a nivel central ha llamado a sus asociaciones base y a los consejos regionales y provinciales a difundir ampliamente la información que emana del trabajo que se desarrolla entre las bases, y además llama a mantenerse en “estado de alerta máxima” esperando las instrucciones que en las próximas horas entregue el directorio nacional.