Así lo establecen en un comunicado público. "Los 3.200 funcionarios del Ministerio Público, representados por la Asociación Nacional ANFUMIP y la Federación Nacional FENAMIP, manifiestan su desconcierto y desazón frente al avance parlamentario del proyecto de Fortalecimiento del Ministerio Público con la reciente aprobación, por parte de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, de las Indicaciones presentadas por el Gobierno, las cuales no incorporan las demandas de los funcionarios, en pro de fortalecer efectivamente a la Institución, mejorando la persecución penal y en beneficio las víctimas de la delincuencia.

Reconocemos que es legítimo acoger la iniciativa del Gobierno de legislar respecto a la carrera funcionaria de los fiscales, sin embargo, no aceptamos y rechazamos enérgicamente que se excluya a los funcionarios de acceder a este derecho, ya que los beneficios de contar con una carrera funcionaria establecida por ley, sólo está contemplada para un estamento: el de los fiscales, acrecentando aún más las brechas salariales, teniendo presente que ni siquiera se paga la asignación profesional para los estamentos administrativos y auxiliares, y que además estos últimos están encasillados sólo en dos grados.

Por otra parte, este proyecto es insuficiente para abordar el colapso que enfrenta dìa a dìa el Ministerio Público, ya que sólo considera un 8% de aumento de dotación de la planta funcionarios frente a un 14% de la planta de fiscales.

Esto resulta inaceptable e inconcebible, ya que existen tres informes que avalan lo que hemos plantado en innumerables ocasiones; el informe del Banco Interamericano de Desarrollo, realizado a petición del propio gobierno, un informe de la Fundación Paz Ciudadana y de la Universidad Católica de Valparaíso, que en general estiman un aumento necesario de 196 fiscales y 726 funcionarios.
Hay que tener presente por cada decisión jurídica hay, a lo menos, 10 actividades administrativas que realizan los funcionarios. Además, los funcionarios asumimos de manera directa la atención y protección de víctimas y testigos a lo largo de todo el país.

El proyecto presentado por el gobierno sólo responde a una parte de las aspiraciones de los fiscales, posibilitándoles el desarrollo de una carrera funcionaria y la disminución de su carga de trabajo, pero no tiene incidencia positiva en la problemática general que afecta a la Institución. En la reciente campaña electoral parlamentaria y presidencial, ninguno de los candidatos se manifestó respecto a la necesidad de fortalecer al Ministerio Público. Resulta paradójico comprender que la seguridad pública y controlar la delincuencia sea un tema relevante para el país y nadie se haya pronunciado respecto a dar una solución a la situación crítica del Ministerio Público.

En consecuencia, estimamos que de aprobarse este proyecto, sería un grave error y generaría un daño irreparable para la ciudadanía completa, por cuanto a los chilenos y chilenas se les negará su derecho de acceder a una justicia de calidad. Por otra parte, para los funcionarios que comprendemos la fuerza principal de trabajo de la Institución, se genera una profunda injusticia, ya que durante años hemos soportado la excesiva carga de trabajo que repercute directamente en la calidad de la investigación y de los resultados esperados por la ciudadanía.

Llamamos a los Sres. parlamentarios a votar en contra de este proyecto que no contempla los reales requerimientos del Ministerio Público."