Por unanimidad, el Senado aprobó en general la reforma constitucional que modifica el artículo 114 de la Constitución Política, con el fin de instituir al Senado como órgano competente para dirimir las divergencias que surjan entre el Presidente de la República y un Consejo Regional. Con motivo de las transferencias de funciones públicas desde los ministerios y servicios públicos a un gobierno regional.
La moción avanza en paralelo a la tramitación del proyecto relativo al fortalecimiento de la regionalización del país y propone que podrán ser de competencia de los gobiernos regionales una o más de las siguientes funciones públicas: ordenamiento territorial, planificación urbana y asentamientos humanos; medio ambiente y desarrollo energético; obras de infraestructura y equipamiento regional; transporte; desarrollo rural y de localidades aisladas; fomento de las actividades productivas; promoción y ordenación del turismo; desarrollo social y cultural; educación y salud; deporte; ciencia y tecnología y conservación del patrimonio.