Británicos acusan al gobierno argentino de “adoptar tácticas de acoso en un intento de sofocar la economía del sector, donde el año 1982, los enfrentó en una guerra”. El Gobierno británico protestó ante la embajada argentina en Londres después de que el Congreso de ese país pasara legislación para penalizar la exploración y extracción de crudo de aguas disputadas de Las Malvinas.
La directora para las Américas del ministerio británico de Exteriores, Kate Smith, presentó una protesta formal al agregado de negocios argentino, Óscar Horacio Galli, por la enmienda tramitada el 27 de noviembre a la ley de hidrocarburos, con la que, según Londres, “se busca criminalizar a personas o empresas con intereses directos o indirectos en actividades de hidrocarburos en aguas que rodean a las Islas Malvinas”.
“La ley nacional argentina no se aplica a las Islas Malvinas, por lo que esto es un gesto sin base que pretende impedir una actividad comercial legítima”, declara en un comunicado un portavoz del Foreign Office.
Expresa además en la nota el convencimiento que la enmienda “no funcionará” y acusa a Argentina de “adoptar tácticas de acoso en un intento de sofocar la economía de Las Malvinas”.
“El Gobierno británico apoya completamente el derecho de los isleños de Las Malvinas a desarrollar el sector de los hidrocarburos para su beneficio económico”, señala el portavoz, que apunta que ese derecho es “parte integral” al derecho de autodeterminación.
“Todas las actividades de hidrocarburos en la plataforma continental de las islas Malvinas están reguladas por legislación del Gobierno malvinense, de acuerdo con la Convención de la Ley del mar de las Naciones Unidas”, asegura.
El Congreso argentino enmendó en noviembre la ley nacional de hidrocarburos para ilegalizar con penas de hasta 15 años de cárcel y multas equivalentes a 1,5 millones de barriles de petróleo a las personas involucradas, directamente o a través de terceros, en la exploración, extracción, transporte o almacenamiento de hidrocarburos en la plataforma continental argentina -que para Buenos Aires incluye a las Malvinas- sin autorización de las autoridades de ese país.