Abogado de Recotrans, Ricardo Leal, advirtió que si el municipio no acata el fallo incurrirá en un delito que se conoce como “desacato”, el cual están dispuestos a denunciar en la fiscalía. A la Municipalidad de Punta Arenas se le viene el “ultimátum” para que cumpla con el fallo del Tribunal de Contratación Pública, y ponga fin anticipado al contrato con la empresa encargada de la recolección de basura, Servitrans.
Esto, luego de perder todos los recursos legales que interpuso ante la Corte de Apelaciones de Santiago y Corte Suprema, los cuales por meses le permitieron dilatar la decisión que está llamada a convertirse en el peor dolor de cabeza del actual alcalde Emilio Boccazzi. Una situación que heredó de la administración anterior pero que será él quien deba resolver.
Lo más complejo de todo es el tema económico, porque se calcula en tres mil millones de pesos lo que tendría que pagar el municipio por finiquitar anticipadamente el contrato con Servitrans, el cual tiene una vigencia de seis años, hasta el 2016, a razón de poco más de mil millones de pesos anuales.
Impugnación
Fue el abogado de la empresa Recotrans, Ricardo Leal Rogel, quien el año 2010 impugnó la adjudicación del contrato a Servitrans y presentó un recurso de reclamación al Tribunal de Contratación Pública. Meses después dicha instancia falló a favor del recurrente, pero el municipio inició una larga arremetida a través de la presentación de un sinnúmero de “incidentes procesales”, como explicó vía telefónica a Diario El Pingüino el abogado de Recotrans. “Ahora la municipalidad está obligada a cumplir el fallo del Tribunal de Contratación Pública, porque presentó seis recursos diferentes y todos los perdió”.
El profesional explicó que ahora no queda más que exigir al tribunal el cumplimiento de la sentencia, trámite que solicitará los primeros días de enero, ya que primero debe presentar esta semana un documento con las copias de todas las causas terminadas en la Corte de Apelaciones.
La Municipalidad de Punta Arenas será obligada a dejar sin efecto el contrato con Servitrans. En caso de no hacerlo, sostuvo Leal, incurrirá en lo que penalmente se conoce como “desacato”, delito por el cual el profesional está dispuesto a presentar la denuncia en la fiscalía de Punta Arenas.
Lo que el municipio tendría que hacer es dejar sin efecto la resolución mediante la cual se ordenó adjudicar el contrato, en una segunda oportunidad a Servitrans, y que todo vuelva a la etapa de elegir entre las ofertas que se presentaron a la licitación y que están dentro de bases, “excepto Servitrans, porque es la única que se encuentra fuera de bases”, recordó el abogado.