Además respondió a las críticas de la diputada Carolina Goic y del presidente regional de la DC, Juan Francisco Miranda, por la demora de la respuesta a la denuncia presentada tras el aluvión, señalando que ésta se ajustó a los tiempos normales del organismo. El esperado informe final de la Contraloría General de la República, al cual han aportado antecedentes tanto Rentas Inmobiliarias, como Cámara Franca, ya tiene fecha de término. Así lo confirmó ayer en Punta Arenas el contralor general Ramiro Mendoza, quien dijo que en tres semanas estará concluido.
Explicó que la demora se debió a que existían algunas dudas que debieron resolver con la unidad jurídica.
“Estamos en condiciones de cerrar definitivamente la auditoría en las próximas tres semanas”, dijo el abogado, agregando que “tuvimos una duda de nuestra gente desde el punto de vista de auditoría, frente a los argumentos que se nos estaban explicando quisieron la ratificación de la división jurídica”.
Visita
El abogado realizó ayer al mediodía una actividad con representantes de los medios de comunicación, en dependencias de la Contraloría Regional, oportunidad en la que expuso sobre los avances del organismo y de los 11 cambios de sede que se hicieron a nivel nacional, entre las que se encuentra la de Magallanes, inaugurada el 28 de diciembre del año pasado.
Destacó igualmente el funcionamiento de la entidad a nivel local, manifestando que “es una Contraloría que está afiatada, tiene una mezcla importante de experiencia con profesionales antiguos y jóvenes”.
Mendoza se refirió también a la situación que atraviesa la Municipalidad de Timaukel, comentando que han colaborado junto a la Subdere a “la reconstrucción de la contabilidad”, que “prácticamente no existía”, estableció, esperando que en los próximos tres o cuatro meses la situación esté en completa normalidad.
Críticas
El contralor respondió en otro tema a las críticas de la diputada Carolina Goic y del presidente regional de la Democracia Cristiana (DC), Juan Francisco Miranda, por la demora de la respuesta a la denuncia presentada tras el aluvión, señalando que ésta se ajustó a los tiempos normales el organismo.
“Tuvimos una demora que no es exorbitante, cuando hay un informe que conlleva la revisión nuestra en varios servicios, con varios tipos de actividades y contratos, es más o menos lo que nos demoramos siempre”, mencionó.
Ex intendente
Quien ayer habló igualmente respecto del informe de Contraloría, que ordenó sumarios administrativos, reconoció sobreprecios y planteó que más de 450 millones de pesos no fueron rendidos tras el aluvión de marzo de 2012, fue el intendente de la época, Arturo Storaker. “En una catástrofe los procesos operativos y administrativos no van de la mano”, aseveró, señalando que la primera prioridad de un intendente es operar: salvar y normalizar la ciudad, y posteriormente se comienza con el ordenamiento, teniéndose en consideración que en cerca de tres meses llegan los informes y las firmas, que en algunas oportunidades no concuerdan con la realidad operativa, ya que es tal la magnitud de la emergencia que produce que no haya una correlación de eventos y datos entre lo operativo y la contabilidad, que conlleva a que Contraloría detecte estas anormalidades, explicó.
“Todos los esfuerzos del intendente están hacia la operación, yo no puedo estar en todos los eventos, viendo si la máquina está ahí o no, mi función es normalizar la ciudad como algo completo dentro del COE, el cual opera, por lo tanto de esto se saca una gran enseñanza. El informe de Contraloría hay que mirarlo mucho más allá, como algo positivo, que señala que dentro de las gestiones de catástrofe tiene que haber un ente operativo y otro fiscalizador pos”, añadió, estableciendo que “el informe es bastante contundente en decir que no hubo prolijidad administrativa, lo cual es normal en una catástrofe, por lo tanto ahora hay que dejar que las instituciones ordenen y respondan a Contraloría y se termine con este proceso, que ha durado más de la cuenta, buscando temas que son de carácter administrativo, responsabilidades de orden judicial o de otro tipo de especulación, porque la labor de Carolina Goic de controlar es buena, pero no hay que ser inquisidor tampoco”.
- ¿Qué ocurre con los más de $ 450 millones que no fueron rendidos?
“Tienen que buscar dónde están las diferencias, porque si bien es cierto uno opera dentro de los procesos contables, no hay que olvidar que son organismos pertinentes encargados de los pagos y si uno delega funciones, el Ministerio del Interior a través de la Onemi y a través del MOP, no pueden eludir esa responsabilidad que es fundamental, para que los intendentes se dediquen a los aspectos operativos de la función, y por supuesto que cada uno de los organismos tiene que ver y controlar después lo que está ocurriendo, no se puede llegar al detalle, porque muchas veces es difícil verificar lo que está ocurriendo por la magnitud, no hay recursos humanos capaces de hacer eso, así que lo que dice Contraloría es lo correcto, hay que buscar hasta la última instancia y ordenar los papeles administrativos, y eso por supuesto demora, pero los servicios públicos van a entregar lo que corresponda y esto va a quedar como tiene que ser, con pequeñas diferencias, y punto”.