El Parlamento griego aprobó el nuevo impuesto inmobiliario, un gravamen polémico incluso en las propias filas de la coalición gubernamental por incluir por primera vez una tasación a los terrenos agrícolas y elevar aún más la presión fiscal. A favor votaron 152 diputados de los dos partidos de la coalición gobernante y en contra 143 diputados de los de la oposición, además del parlamentario Vyron Polídoras de la gubernamental Nueva Democracia, quien acto seguido fue expulsado de su grupo.
Tras esta expulsión, la coalición de Gobierno se queda con una estrecha mayoría de dos diputados del total de 300 escaños con que cuenta el Parlamento.
La controvertida ley unifica el impuesto sobre la propiedad inmobiliaria y una tasa “extraordinaria” sobre la vivienda, introducida en otoño de 2011 y cobrada por medio de la factura de la luz. En un principio estaba previsto que esta tasa “extraordinaria” tuviera carácter provisional y dejara de existir a partir del próximo año.
Con el nuevo impuesto unificado, el Gobierno del conservador Andonis Samarás, en cambio, ha garantizado que la tasa provisional se convierta en permanente, aunque bajo otra denominación.
Hasta 2008, los griegos no tenían que pagar impuestos por sus propiedades inmobiliarias. A partir de ese año, el primero de la crisis económica, se introdujo una pequeña tasa a todas las viviendas. Desde entonces hasta la entrada en vigor de esta nueva ley, el impuesto sobre los bienes inmobiliarios se ha disparado en un 700%, según la Federación Panhelénica de Propietarios, quien ha denunciado que esta elevada carga tributaria es una de las causantes de la fuerte caída de los valores comerciales de la vivienda.
Según un informe reciente del banco central griego, el valor comercial de la vivienda cayó un 37,6% desde el inicio de la crisis.