
El abogado Ibacache indicó que la acción se funda en que los derechos de la menor han sido claramente vulnerados, al no ser tratada de igual forma al resto de los estudiantes del establecimiento educacional. El profesional indicó que “si bien es cierto, Scarlett es una niña con capacidades diferentes, ante la ley tiene los mismos derechos, mismos que le han sido vulnerados al impedirle pasar de curso”. La niña, quien cursa el quinto año básico de la Escuela Pedro Sarmiento de Gamboa, de Río de los Ciervos, nació con el “Síndrome de Sotos”, son aquellos pacientes que presentan un cuadro de inquietud, hiperactividad y agresividad. Todas estas características dificultan la integración en los diferentes ambientes sociales. Y presentan además, un variable retraso mental, el que se ve agravado por una dificultad para el desarrollo del lenguaje.
Recurso
A juicio de la familia y del propio abogado, el establecimiento educacional “desde un principio han sentido un dejo de persecución en contra de la menor, toda vez que desde iniciado el periodo escolar, en virtud de las reiteras ausencias que ha tenido en el primer semestre Scarlett, todas motivadas por su enfermedad y debidamente respaldadas por sus certificados médicos, la dirección manifestó que quedará de igual forma repitiendo de curso por inasistencia”.
A esto se suma, por ejemplo, que en la asignatura de inglés, en donde a lo menos en tres oportunidades sacó nota 7, el colegio la exime del ramo, argumentando que la menor no tiene la capacidad de ello. Sin embargo, los padres cuentan con los documentos que acreditan que la niña sí está apta para cursar dicha asignatura, dijo el abogado Ibacache. En segundo término, añadió que en el mes de septiembre se entregó un informe de notas parciales de la menor, donde se indica que las calificaciones de la asignatura de matemáticas de Scarlett oscilan entre 5 y 6 y que, posteriormente, cuando se le hace entrega del certificado de notas a fin de año, los promedios bajan entre dos y cuatro, y las del informe parcial no aparecen, “por lo que a juicio y simple vista se trata de una adulteración de notas”.
Sobre ambos casos, Marcos Ibacache manifestó que tras la presentación se adjuntaron los documentos relativos a estos hechos, que amparan la acción jurídica, más aun porque muchos de los informes que se han presentado están firmados por la directora del recinto educacional y la profesora jefe de la menor, por lo que esperan un pronunciamiento favorable por parte de la Corte de Apelaciones ante este recurso de protección presentado.