Ayer en sesión, el concejal Vicente Karelovic pidió explicaciones al director de la Dideco, Claudio Carrera, sobre algunas apreciaciones realizadas por el ente contralor, obteniendo respuestas, que a juicio del “Patriarca”, “no fueron claras”. Siguen las repercusiones por el polémico informe de Contraloría, dado a conocer por Diario El Pingüino, en el que se advirtieron una serie de irregularidades en la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco), y que funcionarios municipales reciben subsidios de agua potable, pese a recibir más de 1 millón de pesos en remuneraciones mensuales.
Ayer, en sesión de Concejo Municipal, el concejal Vicente Karelovic pidió la palabra en los puntos varios, manifestando que leyó exhaustivamente el informe del ente contralor, y que le llaman la atención una serie de irregularidades cometidas por la Dideco, consultándole en la misma sesión al director Claudio Carrera, quién es un varón a quien se le efectuaron pagos por alojamiento durante cuatro años sin emitirse facturas.
Dijo que dos de éstas se cursaron en 2012 y correspondieron a $ 540 mil cada una, mientras que el año pasados las otras dos por cifras superiores a los 900 mil pesos.
A ello Carrera respondió que las facturas sí existen, pero que lo que Contraloría observó era que no estaban los recibos individuales de cada residente, dado que se cursaron estos por el grupo familiar.
Además dijo que todo lo anterior ocurrió tras el aluvión de marzo de 2012.
Tras la respuesta, “El Patriarca” señaló que sencillamente no estuvo de acuerdo con la mención y que ésta “fue poco clara”.
Karelovic ya había realizado duras declaraciones tras conocer los subsidios de los funcionarios, pidiendo la salida inmediata de estos.
“Nosotros ya teníamos algunos antecedentes, pero ahora se destapó totalmente la olla, y esto es una simvergüenzura, por lo que esos funcionarios que cometieron esa tropelía tienen que ser exonerados de inmediato”, manifestó.
En este marco dijo que le pedirá al alcalde Boccazzi que proceda con “todo el rigor”, destacando que “no podemos tolerar que en detrimento de la gente más necesitada funcionarios que ganan más de 1 millón de pesos perciban esos beneficios, por lo que hay que actuar drásticamente”.
Fue enfático en señalar además “El Patriarca” que “deben haber muchos más involucrados que los que están en esa lista”, manifestando que los funcionarios implicados en este tipo de irregularidades bordearían los 50, todos quienes a su juicio debieran devolver el dinero ahorrado en subsidios.
En tanto, informó que una funcionaria que desempeñaba labores en la Dideco, “que mantenía antecedentes de muchas cosas”, fue trasladada al edificio central de la Municipalidad de Punta Arenas, a petición de Carrera.
Comisión Social
Fue en este marco que el concejal David Romo, planteó tratar el informe, con la presencia de Carrera, en la Comisión Social, la cual preside, con el objeto de zanjar todas las inquietudes que los ediles puedan tener al respecto.
Informe
El informe de Contraloría estableció además, tras realizar un cruce de información entre la base de subsidios y de patentes comerciales de la municipalidad, que 169 casos registran actividad comercial.
A su vez, al ejecutar el mismo ejercicio con los permisos de circulación vehicular, se constató que 150 familias beneficiarias cuentan, a lo menos, con un vehículo año 2013.
Contraloría, igualmente constató que las ayudas sociales entregadas por una trabajadora social, no fueron publicadas en el sitio electrónico del municipio, lo cual contraviene las disposiciones contenidas en el artículo 7 de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado.
Asimismo, se determinó que no todos los arriendos y alojamientos que se entregan como apoyo a las familias necesitadas, cuentan con su documentación legal de respaldo.