Arturo Storaker, en tanto, dijo que los intendentes no cuentan con los medios necesarios para fiscalizar un contrato de esta envergadura. La Cámara Franca valoró de sobremanera el informe de Contraloría que reafirma las denuncias realizadas por el gremio ante la administración del recinto por parte de Sociedad de Rentas Inmobiliarias.
“Podemos iniciar un proceso de recuperar la confianza en la institución”, señaló el vocero de Cámara Franca, Jaime Jelincic, destacando que “las autoridades sistemáticamente hicieron caso omiso a las denuncias realizadas”.
En este marco fue enfático el ex intendente junto al presidente del gremio, Tomas Buvinic, en señalar que al comprobarse la sesión de derechos, se debe “extinguir el contrato”.
“Sólo se generó para dañar los pagos que se tenían que hacer al Gobierno Regional y generar un daño al patrimonio fiscal”, mencionó.
A su vez, destacaron que el Plan de Inversiones nunca se cumplió, y que incluso la intendencia no aportó con todos los antecedentes necesarios a la Contraloría para abordar el Rodoviario.
El ente contralor detectó que la mayoría de los proyectos mantienen fechas atrasadas de concreción, no respetándose los plazos asumidos y además no presentando la documentación municipal requerida, basándose sólo en facturas.
En este marco igualmente se establece que pese a que en el Plan de Inversiones se habla de construir una bodega de frío, acción que no materializaron, dado que adquirieron una ya edificada de la Central de Carnes, el 20 de octubre de 2010, la cual incluso fue realizada en la administración anterior del recinto franco.
Establece además el informe la inexistencia del Rodoviario, situación ante la cual la Intendencia Regional multó por el atraso considerando el último plazo establecido para parte de los trabajos del referido cronograma de implementación de las obras comprometidas, a saber, el 31 de marzo de 2011.
En este contexto, eso sí, Contraloría estableció que la multa debería haber sido de 3.300 UF, valor que correspondería a 100 UF por cada mes comprendido entre septiembre de 2009 y mayo de 2012, y no el monto cobrado por la intendencia de
$ 1.400 UF.
“De esta manera, en lo que concierne a la estación rodoviaria, la autoridad auditada debe ejecutar las acciones de cobro pertinentes por la diferencia de la multa pagada por la empresa consecionaria, hecho que se verificará en una futura visita de seguimiento a la institución regional”, se fundamentó en el informe.
“Manga ancha”
En este marco Jelincic dijo que “la autoridad tiene que aplicar lo que el contrato señala”, y que o sino seguiría operando “con manga ancha para algunos y angosta para otros, y eso es lo que hace que se pierda la confianza en la instituciones públicas y en las autoridades que tienen que ejercer el rol de garante de las instituciones del Estado”.
Próximo Gobierno
El vocero del gremio, criticó además duramente al intendente Claudio Radonich, estableciendo que “le vamos a pasar la pelota al próximo Gobierno”, y que no corresponde que el seremi de Hacienda continúe en la comisión de seguimiento, siendo que “su actuación, a lo menos, es oscura”, “habiendo apoyado la postura de SRI en detrimento del patrimonio fiscal”, remarcó.
Ex intendente
El informe de Contraloría establece además que “los diversos intendentes regionales que ejercían funciones en las diferentes épocas en que acaecieron los hechos, habrían omitido velar por el estricto cumplimiento de su función fiscalizadora tendiente a garantizar la correcta ejecución del contrato de concesión de la Zona Franca de Punta Arenas, conforme a lo establecido en el referido acuerdo, al permitir que SRI cediera la administración del recinto franco a otra empresa mediante la celebración de convenios de arriendos, labor intransferible”.
En este marco el ex intendente Arturo Storaker enfatizó que las máximas autoridades no poseen los medios para fiscalizar el contrato.
“Quedó clara la complejidad de un contrato, donde además fijan ciertas facultades de los intendentes, pero que el contrato nunca contempla como implementarla, o sea con qué recursos cuentan los intendentes para fiscalizar un contrato de esa magnitud, por lo tanto los intendentes tienen que ver en la comisión de seguimiento y con los funcionarios de la intendencia, que son insuficientes para estas labores y la magnitud de este contrato requeriría tener un equipo permanente para ir viendo cada uno de los detalles”, señaló.