“Por instrucción de la secretaria general (s) de la Corporación Municipal, profesora Claudia Henríquez, no se emitirán declaraciones sobre los dichos de la paramédico Camila Barría expuestos en la edición del miércoles 12 de febrero en la página 5 de El Pingüino, por ser materia que se resolverá en los Tribunales de Justicia”. Así se respondió desde la Dirección de Comunicaciones de la Cormupa, luego que este medio intentara conocer su postura respecto a la denuncia de la funcionaria, como así también respecto a la sanción administrativa de 11 millones de pesos cursada por la Inspección del Trabajo a la entidad, tras detectar cuatro irregularidades cometidas en la piscina fiscal.
Barría relató a este medio “el terror” que según sus palabras le ha tocado vivir bajo la supervisión de la administradora de la piscina fiscal, Katherine Barrientos.
La funcionaria informó que tras quedar embarazada, “empezaron los malos tratos y hostigamientos, denunciando además falta de implementación en la unidad de enfermería y escasos recursos frente a una emergencia.
A su vez, dijo que existen productos químicos que se utilizan con frecuencia, sin adoptar las medidas preventivas por quienes se encuentran en el lugar, señalando que cuando estaba embarazada lanzaron cloro en polvo, y que en una oportunidad incluso debieron nebulizarla debido a la complicación sufrida por la inhalación del producto.
A su vez, explicó que funcionarios han sufrido otro tipo de enfermedades, como conjuntivitis e irritaciones, debido a los productos químicos.
Así también la existencia de “sueldos inflados y súper elevados, de gente que ni siquiera se presenta a trabajar”.
Por su parte, ayer el concejal José Aguilante se refirió a esta temática, señalando que solicitará una investigación administrativa interna.