Ayer, la joven madre, junto al concejal José Aguilante, acudieron a la Inspección del Trabajo para alertar a la entidad sobre las “nuevas situaciones” que está enfrentando la paramédico de la piscina fiscal. El 12 de febrero Diario El Pingüino dio a conocer el drama que vive la paramédico de la piscina fiscal, dependiente de la Corporación Municipal, Camila Barría, quien denunció una serie de hostigamientos y vulneraciones a sus derechos como madre, de parte de la administradora del recinto, Katherine Barrientos.
Tras ello, como dijo ayer la afectada, los hostigamientos se acrecentaron, convocando incluso la administradora a una reunión a todos los funcionarios, a excepción de ella, en la que, comunicó, se les hizo ver cómo tenía que actuar y lo que tenían que decir cuando sean fiscalizados por los inspectores municipales, además de no cruzar palabras con Barría, calificándola como “un mueble”.
Por este motivo es que ayer en la tarde la afectada, junto al concejal José Aguilante, asistió a la Inspección del Trabajo, para instalar una nueva demanda, esta vez por “persecución”, dejando ver los hechos mencionados anteriormente.
“Tiempo de las cavernas”
La situación que vive la profesional, quien desde ayer inició un tratamiento siquiátrico, “para poder llevar de mejor manera la situación”, fue calificada por Aguilante como “absolutamente grave e inaceptable”.
“Esta acción se suma a otras muchas que han dejado en evidencia el maltrato que propinan algunos jefes de la Cormupa a mujeres con fuero maternal o que se encuentran amamantando a sus hijos”. Eso es grave y debe ser aclarado a la brevedad”, mencionó.
El concejal dijo que “esta actitud es inaceptable y propia del tiempo de las cavernas. No se puede permitir este tipo de trasgresiones contra la dignidad y los derechos de las mujeres y más aún que se sigan manteniendo en el organismo que debe velar por la educación, salud y atención al menor. Es una paradoja, una contradicción inaceptable que, quienes deben cautelar estos derechos, sean quienes los trasgreden, dando así un muy mal ejemplo”.
Recordó Aguilante que junto al concejal Julián Mancilla pidieron, a través de la alcaldesa subrogante Eliana Astorga, un informe acerca de esta situación y posibles responsabilidades que le puedan caber a la administradora de la piscina Katherine Barrientos, el cual nunca fue contestado, aseguró.
El concejal solicitó en este marco una investigación administrativa interna que permita conocer las responsabilidades y razones que expliquen estas “reprochables actitudes”.
Aunque, aquí también lo que corresponde-dijo el edil-es esperar los resultados del procedimiento de fiscalización que lleva adelante la Dirección del Trabajo, institución que ya manifestó que existe un proceso en curso donde se ha sancionado a la Corporación Municipal con más de 11 millones de pesos.
Aguilante afirmó que “esto es incomprensible e inaceptable. El secretario de la Cormupa Hermes Hein tendrá que dar cuenta de esta situación que va a significar pagar esta alta cantidad de dinero que corresponde a las arcas fiscales y que da cuenta que aquí se podría estar cometiendo una serie de faltas que es necesario clarificar y conocer”.
Despidos
El concejal también condenó la decisión que asumió días atrás la Cormupa, de haber despedido en forma indiscriminada y contra el derecho a la maternidad a 10 funcionarias de esa corporación, entre profesoras y asistentes de la educación, que gozan del fuero maternal. “Aunque esta situación haya sido corregida con posterioridad, aquí queda un precedente de algo que nunca más debe repetirse”, remarcó.
Dijo que “fue la misma Corte de Apelaciones, que se pronunció, y no dio lugar a un recurso de nulidad presentado por la Cormupa en contra de la Resolución Nº 111 de la Inspección Provincial del Trabajo, que ratifica que efectivamente les produce un menoscabo, no sólo en cuanto a sus funciones, sino también en cuanto al lugar físico en que se desempeñan”.
La Corte de Apelaciones ordenó a la Corporación Municipal la restitución de las educadoras a las mismas funciones y condiciones en que se encontraban antes de la modificación unilateral del contrato de trabajo.
El concejal recordó que fue él quien en la sesión N° 40 del Concejo Municipal solicitó que esta medida, junto con la aprobación del despido de 11 reconocidos profesores de la comuna, tras el acuerdo Nº 495 fuera revocada.
Aguilante señaló que “fueron los mismos profesores afectados quienes me informaron que, contrariamente a los argumentos que intentaron validar esta decisión ellos no fueron consultados, contrariamente a la información entregada como justificación para alejarlos de sus cargos, siendo que la mayoría de los docentes no tenían la intención de aceptar la desvinculación aludida. Es más, una de las profesoras fue notificada de su desvinculación en la misma fecha que el municipio, con ocasión del aniversario de la ciudad, la premió con una alta distinción por su trayectoria y méritos educacionales”, recordó.

Testimonio de paramédico
Camila Barría, informó que tras quedar embarazada, “empezaron los malos tratos y hostigamientos de parte de la administradora Katherine Barrientos”.
“Primero amenazó que podía despedirme, pese a estar a plazo fijo y haber pasado automáticamente a fuero, pero me dijo que esto no lo iba a hacer, y así continué trabajando embarazada. Después que nació mi hijo (31 mayo 2013) aumentaron los problemas, y no me deja amamantarlo ahora que me reincorporé, me impone los horarios para que le vaya a dar pecho y esta semana me dijo que no podía salir”, dijo la afectada el 12 de febrero.
De esta forma Barría resume todo lo que ha tocado vivir en estos tres años, comentando que tras su reincorporación al terminar su postnatal, el 19 de diciembre, determinó denunciar lo que estaba viviendo a la Inspección del Trabajo.
Personal de la entidad se constituyó el 16 de enero, determinando diversas irregularidades, como que trabajaba siete días seguidos y descansaba el octavo, su problemática con la lactancia, que debía desempeñar labores en horarios nocturnos y que se le negó el beneficio a la sala cuna, estableció la paramédico.
“Me siento discriminada, ha sido difícil el tema, porque trae problemas en la casa, con mi hijo, y como mamá me cuesta amamantar, y mi hijo ha pasado hambre por esto, porque no puedo ir a mi casa”, dijo la funcionaria, quien, como aseveró, tenía como primer objetivo atender a su pequeño.

Otras irregularidades
La paramédico se refirió igualmente a una serie de irregularidades que existen en la piscina, como falta de implementación en la unidad de enfermería y escasos recursos frente a una emergencia.
Recordó en este marco el accidente sufrido por un niño de 10 años, que se ahogó en la piscina, señalando que en ese momento por casualidad se encontraba un usuario enfermero, quien la ayudó a reanimarlo.
“De parte de mis colegas no recibí ayuda, el salvavidas salió corriendo y la enfermería está totalmente sin insumos, no está equipada, y lo único que hay es parche curita, y no había oxígeno para cuando regresó el niño, no había nada”, denunció, estableciendo que en estos tres años de desempeño en el recinto ha solicitado los materiales necesarios para desarrollar su función, principalmente para quienes se accidentan, pero se ha hecho caso omiso.
A su vez, dijo que existen productos químicos que se utilizan con frecuencia, sin adoptar las medidas preventivas por quienes se encuentran en el lugar, señalando que cuando estaba embarazada lanzaron cloro en polvo, y que en una oportunidad incluso debieron nebulizarla debido a la complicación sufrida por la inhalación del producto.
A su vez, explicó que funcionarios han sufrido otro tipo de enfermedades, como conjuntivitis e irritaciones, debido a los productos químicos.

“Bolsa de gatos”
Camila Barría igualmente hizo valer las denuncias realizadas por varios personeros e incluso concejales, como Julián Mancilla, quien menciona que en la Corporación Municipal existe “una bolsa de gatos”, informando que en la piscina “hay sueldos inflados y súper elevados, de gente que ni siquiera se presenta a trabajar”, enfatizó.