Informe encargado por el Ministerio del Interior a la consultora Ernst & Young reveló diversas irregularidades en administración. Empresa cuestionada declinó emitir declaraciones al respecto. Una serie de irregularidades reveló la auditoría realizada por la consultora Ernst & Young a la empresa administradora de la Zona Franca, Sociedad de Rentas Inmobiliarias Ltda. (SRI), en enero pasado.
Diario El Pingüino tuvo acceso a los documentos, en los que la auditora concluyó que SRI realizó “interpretaciones libres” de su contrato de concesión, procediendo a descontar montos de sus pagos, además de no contar con todas las memorias administrativas correspondientes.
La auditoría está en manos del Ministerio Público, que lleva a cabo una investigación al respecto.
Desde la empresa, declinaron comentar la situación.
Memoria anual
Fue el 13 de julio de 2007 cuando se firmó el contrato de concesión en que la Intendencia Regional cedía la administración del terreno de la Zona Franca a SRI.
En ese documento, entre otras cosas, la empresa se comprometía a mantener una memoria anual, adicional a los balances.
La auditoría revela que SRI no elaboró las memorias correspondientes a los años 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011 y que, además, no poseía la documentación referente a la entrega del balance de 2007.
Adicionalmente, la consultora critica que los flujos de caja de SRI no individualizan sus entradas por las sucursales en Punta Arenas y Puerto Montt en los mismos años, por lo que no fue posible analizar esos datos.
“Interpretación libre”
El contrato suscrito por SRI con la Intendencia de Magallanes decía también que el cálculo de los Ingresos Brutos Anuales de la concesionaria se estimaba en base a lo “devengado” (es decir los factores transados multiplicado por las unidades transadas) y no a los percibidos (lo que está efectivamente en la caja).
Sin embargo, al momento de determinar el precio de la concesión, la empresa lo hizo en base a los ingresos percibidos, generando una diferencia en perjucio de los pagos que debía hacer a la Intendencia.
A ello se suma que, en 2008, según determinó la auditoría, la empresa se dio la libertad de descontar más de
$ 69 millones del pago que debía hacer, al considerar que pagó un exceso en el año anterior.
“En base a la interpretación libre de la concesionaria, ésta descontó los valores señalados sin tener las autorizaciones correspondientes de la Intendencia Regional”, señala el documento de Ernst & Young.
Plan de Inversión
Otro punto resaltado por Ernst & Young fue el retraso de las obras de infraestructura comprometidas por SRI, que derivan en incumplimientos del plan de inversión suscrito por la empresa.
En este punto, la consultora determina que tres obras no estaban terminadas (urbanización, calle perimetral y terminal rodovario).
“Las obras presentan retrasos en su entrega respecto a la fecha comprometida. La administración de la empresa señala que se generaron retrasos en el inicio de obras porque ciertos bienes del fisco no fueron entregados oportunamente”, detalla el informe.
En el caso del terminal rodovario, en el informe se determina que existe “inviabilidad económica”. Sobre otros ítems, se agrega que la empresa no entregó información que permitiera confirmar la fecha comprometida de las obras.
El documento es parte de una investigación llevada a cabo por la Fiscalía.