Ambas causas, que serán llevadas al Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, son consideradas de “largo aliento”, estimándose que se prolongarán por a lo menos una semana. Dos causas por delitos económicos atenderá en marzo próximo el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas.
La primera tiene que ver con el juicio, fijado para el 10 de marzo, en contra del ex tesorero de la Confederación Deportiva, Rubén Vargas Hernández, quien aparece acusado por falsificación de instrumento privado mercantil y apropiación indebida.
De acuerdo a la acusación presentada por el fiscal Felipe Aguirre Pallavicini, el acusado, aprovechó su calidad de dirigente y custodio de la cuenta corriente de la entidad para falsificar firmas y cobrar cheques por montos superiores a 90 millones de pesos. Los perjuicios y el monto apropiado alcanzan los 176 millones 778 mil 230 pesos. Se da cuenta, además, de 115 delitos de falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil y apropiación indebida.
El abogado del Ministerio Público pide para Vargas dos penas: de siete y tres años.
Se estima que el juicio se prolongará por a lo menos una semana, considerándose declaraciones de una veintena de personas, entre testigos y peritos.
Actualmente, Rubén Vargas se encuentra bajo la medida cautelar de reclusión nocturna domiciliaria.
Además de lo solicitado por la fiscalía, sobre el ex dirigente pesa una acusación particular donde se solicitan 25 años de cárcel: tres años por abuso de firma en blanco; siete años por 48 delitos de falsificación y uso malicioso de instrumento comercial falsificado; cinco años de presidio por dos delitos reiterados de abuso de firma en blanco y 10 años de cárcel por 74 delitos de falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil falsificado.
Ex alcalde de Timaukel
La segunda causa corresponde a los delitos funcionarios y de probidad pública registrados en la Municipalidad de Timaukel, Provincia de Tierra del Fuego.
En la acusación, también presentada por el fiscal Felipe Aguirre, aparecen involucradas ocho personas, encabezadas por el ex alcalde de la mencionada comuna, Atilio Gallardo Bustamante y el jefe de finanzas de la misma entidad, Néstor Caro Pérez, quienes deberán comparecer en el juicio a partir del próximo 25 de marzo.
La estafa investigada supera los 150 millones de pesos en perjuicio de las arcas municipales y en ella el ex jefe comunal es sindicado como autor de los delitos de fraudes reiterados, por lo cual se solicita una pena de siete años, y responsable de malversación de caudales públicos, ante lo que se piden cinco años de cárcel. Las mismas imputaciones y penas pesan en contra de Caro Pérez.
Junto a ellos aparecen el ex administrador municipal Luis Meriño Lema, quien arriesga cinco años y un día de presidio, por fraudes reiterados y otros tres años en su calidad de cómplice de malversación de caudales públicos; Patricio Alfredo Arteaga Zárate, para quien se solicitan cinco años y un día de presidio por delitos de fraudes reiterados y tres años y un día por cómplice de malversación de caudales públicos. La acusación considera, además, a Miguelina Barría Álvarez y Sixto Subiabre Alarcón, para quienes se piden cinco años y un día de presidio cada uno, como autores de estafas reiteradas.
Cierran la lista Adán Huenteo Antimán, quien arriesga cinco años de presidio como autor de estafas reiteradas y la ex asesora de Gobierno, Yolanda Díaz Chacón, para quien la fiscalía pide una pena única de tres años y un día de presidio, en su calidad de autora de estafas reiteradas.
El millonario fraude guarda relación con un extenso listado de pagos por comidas, compras y obras que nunca se ejecutaron, pero que sí se cobraron con fines personales, según detalla el fiscal en la acusación descrita en capítulos y que suma decenas de carillas.