
Según dijo, “se van a cursar los cobros pendientes que hay sobre Zona Franca respecto a la concesionaria”.
“He llegado a la determinación de cobrar el dinero que no ha estado ingresando por una diferencial de cálculo respecto al 28%, de la renta devengada y parte de la multa que a juicio de la Contraloría por parte de la terminal de buses no fue completa”, afirmó Radonich, comunicando que hoy se despachará la multa.
Señaló el intendente que quiso tomarse todo el tiempo necesario antes de pronunciarse sobre esta materia, reiterando lo que ha dicho desde un principio sobre esta materia, relacionado a que “éste es un tema jurídico complejo, no de simpatía, encuestas, letreros, ni de campañas publicitarias”.
Reunión con Flies
w“Esta decisión se tomó con total transparencia y dedicación”, destacó, mencionando que por ende la determinación ya se la comunicó al futuro intendente Jorge Flies, con quien se reunirá hoy a partir de las 19 horas para abordar esta y otras materias.
A su vez, reiteró sus críticas a que sea la intendencia la encargada de velar por el cumplimiento del contrato.
“Este contrato es totalmente precario respecto al volumen y la importancia que esta actividad tiene para la región, y esta y ninguna intendencia tiene las facultades técnicas y humanas para fiscalizar tamaño negocio”, remarcó.
Informe
Para adoptar esta medida, Radonich se guió del informe dado a conocer el mes pasado por Contraloría, el que comprobó que varias de las denuncias de Cámara Franca son ciertas, manifestando primeramente que durante 2009 SRI suscribió con la empresa Rentas Pacífico Sur (RPSUR) tres contratos de arrendamiento para el desarrollo de obras del Plan de Inversiones.
En relación al 28% que debe cancelar la concesionaria obligatoriamente cada año al Gobierno Regional, explicó Contraloría que “con la modalidad de arriendo de lotes por parte de SRI a una filial o empresa gemela como RPSUR, puede haberse recibido un daño fiscal por los eventuales menores ingresos que debería haber recibido la intendencia de parte de la concesionaria”.
La entidad, en tanto, al pronunciarse sobre el incumplimiento del Plan de Inversiones de las obras ofertadas, detectó que la mayoría de los proyectos mantienen fechas atrasadas de concreción, no respetándose los plazos asumidos y además no presentando la documentación municipal requerida, basándose sólo en facturas.