La máxima autoridad regional comunicó ayer la determinación, luego de confirmar que la concesionaria estimó que se deben considerar para el cálculo, los ingresos percibidos por las ventas operacionales, dejando fuera las ventas de cada ejercicio que están pendientes de cobro. El intendente de Magallanes, Claudio Radonich, ordenó ayer a la Sociedad de Rentas Inmobiliarias (SRI) el pago de la suma de $ 143.789.460, por concepto de Precio Anual de Concesión correspondiente a los años 2007,2008, 2009, 2010 y 2011.
A su vez, que la concesionaria entregue a la Intendencia, los antecedentes contables y financieros necesarios para la determinación del ingreso bruto anual de cada año. Lo anterior, luego de que se confirmara que “la concesionaria ha estimado que los ingresos que se deben considerar para el cálculo del Precio de Concesión son los ingresos percibidos por las ventas operacionales, dejando fuera las ventas de cada ejercicio que están pendientes de cobro”.
Radonich estableció que a la suma señalada deben añadirse las diferencias de precios que se podrían haber generado durante los años 2012 y 2013, producto de considerar para la determinación del Ingreso Bruto Anual los montos sólo percibidos y no los devengados.
“Los ingresos no considerados por el concesionario para la determinación del Precio de Concesión generan un perjuicio fiscal que debe ser corregido y que de preservar constituirán un incumplimiento grave del Contrato de Concesión”, aseveró el intendente, quien en las próximas horas dará a conocer igualmente a cuánto ascienden las multas que se le aplicarán a Sociedad de Rentas Inmobiliarias.
Cámara Franca
Por su parte, el presidente de Cámara Franca, Tomás Buvinic, aseguró que a esta empresa se le deben aplicar sanciones pecuniarias que superan los 10 mil millones de pesos por concepto de incumplimiento del Plan de Inversiones, por no acreditar el 6% de Reinversión y por el menor pago del 28% de Concesión Anual.
El problema, señalaron en la Cámara Franca, es que no se les aplica las multas diarias por pagar un menor monto de la concesión, sino que sólo el monto que se dejó de cancelar “en forma dolosa y reiterada”.