Mónica Martínez, sicóloga y coordinadora del área de Transversalidad Educativa, manifestó que “de un universo de 69 colegios en la región; 43 está en condiciones responder la encuesta sobre embarazo adolescente. De ellos, 24 tienen alumnas que han sido madres; 29 tienen alumnos que han sido padres y hasta noviembre del año pasado habían 16 con embarazos en curso. De ellos 22 dicen que las cifras de embarazo se mantienen, lo que no es bueno porque significa que las políticas no han tenido el efecto deseado. En tanto 13 de ellos dicen que las cifras han bajado”, expresó
Según cifras del Servicio Nacional de la Mujer en nuestro país son 39 mil niñas las que han dejado sus estudios escolares por razones de maternidad. Este es uno de los mecanismos a través de los cuales el embarazo adolescente opera como factor reproductor de pobreza. De hecho, la incidencia del fenómeno “NINI” es sustancialmente mayor entre las madres adolescentes. Efectivamente, casi 70% de aquellas que están por cumplir 20 años ni estudia ni trabaja remuneradamente, mientras que entre las niñas de esa edad que no son madres ese porcentaje no alcanza al 30%. A esto se suma que por cada 30.000 niñas que deja el colegio por estar embarazadas, sólo son 1.000 los varones que lo abandonan.
Respecto a este punto, en la región las cifras entre las jóvenes que siguen estudiando y las que abandonan el sistema son parejas, Martínez señala que “de 43 establecimientos 20 de ellos señalan que las niñas embarazadas optan por continuar sus estudios, mientras que 18 indican que la niñas desertan del sistema, y del resto no tenemos información”.
La sicóloga indica que ellos creen que hay una sub notificación de los datos en el total de embarazos, “o sea hay un porcentaje de niñas que se retiran de los colegios sin establecer que están embarazadas y que se van por eso. La otra impresión que tenemos es que los alumnos padres continúan sus estudios regularmente en la mayoría de los casos, aún cuando hay una cantidad de jóvenes que optan por trabajar y conseguir ingresos. Vemos que además, en las niñas, a la hora de tomar una decisión entre seguir estudiando o irse a cuidar su bebé, ésta también influenciada por el hecho de que no tienen con quién dejar a su hijo o hay un tema cultural por parte de ellas de no querer tener a sus bebés en las salas cuna, aún teniendo la posibilidad de poder acceder a algún cupo, no es algo deseable por ellas. Por otro lado, algunas jóvenes manifiestan que si bien los establecimientos les dan algunas facilidades para que ellas puedan continuar con sus estudios, éstas no son tantas como podrían serlo a partir de los decretos e instrucciones del Ministerio de Educación”.
Asimismo, la profesional de la Secreduc indicó que donde hay más registros de casos de niñas embarazadas es en el sistema municipal. “De acuerdo con lo que la literatura y las orientadoras plantean es que hay situaciones de fragilidad familiar asociadas al embarazo adolescente, cierto grado de vulnerabilidad sin entrar a estigmatizar. Ahora la fragilidad familiar no sólo tiene que ver con lo económico, pero no tenemos cifras tampoco del mundo particular porque podría manejarse de otra forma, las niñas se retiran, se van de la región, se atienden en consultas privadas, en fin es más difícil. En cambio las del mundo municipal se atienden en centros de atención primaria por lo que hay más acceso a las cifras. La realidad es que hay una cifra oculta de embarazo en la región”, precisó.
El 3,7% de las mujeres adolescentes chilenas- entre 13 y 19 años- están embarazadas o en período de lactancia. En Magallanes existen casos de embarazos de niñas que cursan 7º básico, pero lo más preocupante es que hay adolescentes de enseñanza media que registran un segundo embarazo. Donde más casos de embarazos se producen es por lo general en II medio.
Finalmente la profesional indicó que ella creía que el mundo institucional y el Estado estaban al debe. “Tenemos un compromiso y un gran desafío con esta situación. El año 2010 una semana antes que la Presidenta Bachelet dejara su primer período promulgó una ley que obliga a los establecimientos educacionales de enseñanza media, a implementar y tener programas de educación sexual, la verdad es que se quedó en eso, en la ley promulgada. El ministerio tiene siete programas de educación sexual que están respaldados por universidades entre ellos por la Universidad de Chile y la Universidad Católica, pero esto es algo que hay que potenciar, para que realmente sea una política pública que esté vigente en todos los colegios. Es un tema que se tiene que colocar en la palestra”, señaló.