Consideran que ley de excepción podría asestar un duro golpe a Río Grande y Ushuaia, que tienen en sus fábricas el sustento de gran parte de las actividades laborales y de la economía de la provincia. Mientras la tramitación avanza a pasos agigantados, en la provincia argentina de Tierra del Fuego existe preocupación por las consecuencias que pueda acarrear la instalación de la zona franca en sus vecinos de Santa Cruz, un tema que también está siendo “mirado de reojo” desde Punta Arenas.
Durante las últimas semanas, lo que habían sido visos de inquietud ha ido transformándose en una alerta, principalmente para la industria fueguina que, es el sostén de gran parte de las actividades laborales y de la economía de la provincia.
Para los industriales de Ushuaia y Tierra del Fuego, las franquicias y el menor valor de los productos en Santa Cruz asestarán un duro golpe a los fueguinos. Así lo han manifestado a medios de prensa de su país representantes de la Cámara Argentina de Máquinas de Oficinas Comerciales y Afines (Camoca), para quienes la decisión gubernamental de entregar una zona franca para Santa Cruz “complica a Tierra del Fuego, la que ya se ve dificultada por las trabas al ingreso de componentes”. Agregan que la exención de impuestos a todo lo que ingrese al país, podría redundar en que sea más conveniente ensamblar de Río Gallegos, lo que podría significar no sólo la llegada de nuevas industrias a Santa Cruz, también el éxodo de las fábricas instaladas hoy en Tierra del Fuego.
Para el secretario general de la seccional Río Grande de la UOM y diputado nacional por el Movimiento Solidario Popular (MSP), Óscar Martínez, claramente la nueva zona franca de Río Gallegos se ve con cierta preocupación. “Obviamente (el tema) es necesario analizarlo con mucha cautela. Hemos leído el articulado de la reglamentación, donde habla de distintas alternativas e incluso habla de la posibilidad de generar cambios en los insumos para producir mercadería que sea exportada. Es una reglamentación compleja y contradictoria”.
Para nadie es un misterio que el tema también inquieta en Punta Arenas, donde -de acuerdo a los argentinos- el tema está siendo “mirado de reojo”.
Punta Arenas
La decisión de instalar la franquicia en Río Gallegos y Caleta Olivia, evidentemente, tiene como propósito evitar la fuga de divisas desde territorio argentino y poder devolver al comercio de esa provincia los miles de dólares que anualmente dejan los santacruceños en el comercio de Punta Arenas.
La medida adoptada por el Gobierno de Cristina Fernández permitirá el ingreso a la provincia de Santa Cruz de productos libres de impuestos para su posterior comercialización. Incluye desde alimentos hasta la electrónica, pasando por indumentaria, calzado, materiales para la construcción e, incluso, automóviles.