
En el documento, explican que “este pago se suma al realizado en 2012, cuando el intendente de aquel entonces, Arturo Storaker, cobró la suma única y total de UF 1.400, cifra que fue cancelada en señal de buena fe y con el único objeto de cerrar el tema y así poder seguir avanzando en la ejecución del contrato de concesión, pero con expresa reserva de acciones”.
Ello, porque consideran que la multa es “improcedente”, pues en la construcción de la obra “nunca se contó con las normativas esenciales para su implementación, además de existir un retraso de las autoridades de la época en la dictación de actos administrativos vitales para su implementación”.
Por ello, la empresa reiteró que se reservan el derecho a tomar acciones legales por el cobro de las multas, señalando que “ejercerá próximamente las acciones legales que correspondan para que se declare la improcedencia del cobro de esta multa”.