
El mayor porcentaje de cumplimiento se dio en la publicación de antecedentes relativos a la composición del directorio y sus estados financieros, con cifras por sobre el 94%.
La información sobre remuneraciones de los altos directivos arrojó el cumplimiento más bajo: el 53,8% publica antecedentes desactualizados, correspondientes a 2012.
Ranking de organismos, según el puntaje obtenido en la fiscalización.
El Consejo para la Transparencia realizó en marzo su primera fiscalización de transparencia activa en empresas públicas y los resultados arrojaron un cumplimiento de 78,52%, en promedio.
El proceso, efectuado mediante la revisión de sus sitios electrónicos entre el 5 y 7 de este mes, contempló a 30 entidades, veinte de las cuales corresponden a empresas públicas y las diez restantes son sociedades en las cuales el Estado tiene una participación mayor al 50%.
Durante la evaluación se detectó que los puntajes más altos de cumplimiento se registran en la publicación de antecedentes relativos a la composición del directorio y los estados financieros, con porcentajes de 100% y 94%, respectivamente.
En contrapartida, el menor cumplimiento de las empresas públicas se produce en el ítem correspondiente a “Remuneraciones” de Directores, Presidentes o Vicepresidentes Ejecutivos”. De acuerdo a la fiscalización, el 53,8% publica información desactualizada (con fecha de 2012), mientras que un 46,1% publica información al día.
Otra materia con bajo cumplimiento en transparencia es la correspondiente a “información consolidada del personal”, donde un 49,1% publica antecedentes desactualizados. En cambio, un 50,8% dispone la información al día.
Para medir el nivel de cumplimiento en transparencia, el Consejo evaluó la existencia y operatividad de todas las materias exigidas por la Ley de Transparencia, contenidas en el artículo 7° de la Ley 20.285, como son Marco Normativo, Estructura Orgánica, Estados Financieros, Información consolidada del personal y la remuneración total percibida por el personal de la empresa, entre otras. En síntesis se fiscalizaron 8 ítems, con 70 aspectos obligatorios.
Complementariamente, se revisó la existencia de buenas prácticas (11 aspectos), las cuales fueron evaluadas, pero no forman parte del puntaje final.