Dos casos de violencia intrafamiliar (VIF) marcaron la pauta de ayer en tribunales. Lo resuelto en ambas causas deja al descubierto un aparente cambio de actitud, al menos por parte del Ministerio Público, cuyo fiscal nacional impartió instrucciones precisas a sus fiscales en materia de VIF.
Ayer uno de los fiscales adjunto solicitó la prisión preventiva para una persona que llegó a una audiencia de formalización por los delitos de amenazas y desacato en contexto de violencia intrafamiliar. Registraba una condena por igual delito y tenía prohibición de acercarse a la víctima, medida que incumplió y más encima profirió amenazas a la víctima. Por ello fue formalizado y el juez Jaime Álvarez concedió la prisión preventiva, fijando 30 días de plazo para el cierre de la investigación.
Además, ayer el juez de Garantía Juan Olivares Urzúa, condenó a otra persona por el delito de lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar.
Durante un juicio simplificado, el fiscal Felipe Aguirre (en la foto) logró acreditar que el 21 de diciembre del año pasado, cerca de las 9.15 horas, mientras la víctima se encontraba en su domicilio, su cónyuge, la insultó y luego la agredió con golpes de puño en el brazo y de pie en sus piernas.
La oficina de prensa del Ministerio Público informó que “la violencia intrafamiliar constituye un aspecto de especial relevancia para la fiscalía, principalmente por la condición de vulnerabilidad en la que se encuentran las víctimas”.