
“Las órdenes de los tribunales son obligatorias. La ley es muy clara y el no cumplirla implica responsabilidades. Confío en que (los funcionarios) sean responsables y las movilizaciones que hagan no afecten el sistema de justicia”, dijo el ministro en declaraciones a El Mercurio.
Maldonado destacó que el proyecto de ley que el Gobierno envió al Congreso para mejorar el sistema penitenciario contempla la incorporación de 6.000 funcionarios uniformados en los próximos seis años y un gasto anual de unos 80.000 millones de pesos.
“Hemos detallado los criterios para aumentar las plantas de funcionarios uniformados en 56%. El esfuerzo que está haciendo el Gobierno es clarísimo, enorme e histórico”, aseguró el secretario de Estado.
Sin embargo, las agrupaciones de funcionarios de Gendarmería, que el viernes se reunieron durante tres horas con el ministro de Justicia, consideran insuficiente la oferta del Gobierno, ya que no contempla la incorporación de funcionarios civiles que llevan a cabo tareas administrativas y de reinserción.