
La precariedad en la que se encuentra la institución ha sido tema de discordia hace ya un tiempo. Los avisos de paro llegaron al gobierno de turno, quien intentó negociar hasta el último minuto, sin éxito. Incluso, hace unos días, el subsecretario del Interior, Patricio Rosende, llamó a los gendarmes a recapacitar su decisión, también sin conseguirlo.
El paro fue catalogado por sus artífices como “histórico”, ya que nunca antes las agrupaciones de funcionarios carcelarios se habían reunido por esta causa. La Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (Anfup); la Asociación de Directivos, Profesionales, Técnicos, Administrativos y Auxiliares de Gendarmería (Adiptgen); la Asociación Nacional de Suboficiales de Gendarmería (Ansog), y la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios (Anop).
Magallanes, en tanto, no se quedará al margen. En la región, participarán de este paro la Anfup y Adiptgen, quienes dejarán sus funciones durante el día y, según informaron, sólo mantendrán “turnos éticos durante esta jornada”.
Según explicó el presidente de la Adiptgen, José Cabanas, “los objetivos son emplazar al Gobierno para que asuma las modificaciones necesarias para que este proyecto de ley sea un verdadero proyecto modernizador y que, además, asuma la profunda crisis penitenciaria que hay”.
Además, el dirigente explicó que “queremos mejorar las condiciones, no solamente de personal, porque esto también llevará a mejorar las condiciones de los internos. Al haber más funcionarios vamos a tener mayor vigilancia y una mejor reinserción, que la llevamos los civiles”.
Los funcionarios civiles de Gandarmería, se reunirán hoy a partir de las 08.30 horas en el Centro de Reinserción Social (CRS), a un costado de la cárcel de Punta Arenas, donde manifestarán a “brazos caídos” por sus demandas. Luego, alrededor del mediodía, bajarán rumbo a la Intendencia para entregarle una carta a la máxima autoridad regional, Mario Maturana.
Lucha a parte
Gendarmería pide un proyecto de ley que mejore las condiciones de trabajo que tienen actualmente. Entre los puntos a tratar, está una mejora de remuneraciones, “asignación de riesgos” para el personal que tiene contacto directo con el penal y un aumento en las plazas de personal, de casi 6.000 funcionarios. Sin embargo, este último punto sólo contemplaría a personal uniformado, cosa que la Adiptgen pretende revertir.
Para el personal civil, quien está a cargo de las penas alternativas, como la remisión condicional de la pena, libertad vigilada y reclusión nocturna, es tremendamente necesario que se aumente su dotación.
“En Magallanes hay 1.045 personas que cumplen condena en libertad, que son supervisados por nueve funcionarios, que son civiles. Entonces a nivel nacional no se nos está reconociendo la labor que estamos haciendo, que es casi 50 y 50, entre sujetos que están en la cárcel y los que están con penas alternativas”, explicó Cabanas.