
Esto, luego de que el martes los temporeros y la dueña de la empresa, Roxana Arriagada, denunciaran, a través de nuestro medio, una persecución de la Inspección del Trabajo hacia la pesquera, lo que gatilló que la empresaria decidiera cerrar la empresa, luego de cuatro años en funcionamiento.
Según la empresaria, las multas de la entidad fiscalizadora están sobre el capital de trabajo con el que cuentan y asegura que la presión se produjo a raíz de la intoxicación con cloro de cinco trabajadores el pasado sábado, hecho que fue informado por la misma dueña a la institución. Sin embargo, los trabajadores se encuentran en perfecto estado de salud y manifestaron que su entorno laboral cumple con todos los requisitos y que la empresa les brinda las mejores condiciones de locomoción, transporte y salariales.
“Pedimos al encargado de la Inspección del Trabajo (María Eugenia Burgos) que se acerque a nuestro lugar de trabajo para que conozca la realidad que tenemos. El no sabe la importancia que tiene para nosotros contar con un trabajo. Ojalá que esto se pueda resolver para que la pesquera siga su funcionamiento normal”, dijo Leticia Lupuer.
Finalmente, la dueña de la empresa enfatizó que en esas condiciones de persecución laboral no puede seguir operando, ya que constantemente está expuesta a la fiscalización “poco objetiva” de la entidad reguladora. “El fiscalizador que viene acá y siempre saca multas por motivos sin importancia. No nos deja trabajar tranquilos, así que vamos a tener que cerrar nuestras puertas. Lo lamentable es que van a quedar 80 trabajadores cesantes”, comentó Arriagada.
Por Felipe García G.