A poco más de un mes de que se destapara el contrato suscrito entre la Empresa Nacional del Petróleo (Enap) y Gasco, que aumentó la tarifa del consumo de gas para el sector industrial de Magallanes, el escenario no es muy alentador. El intendente Mario Maturana reiteró ayer que ellos poco y nada pueden hacer para revertir el alza, mientras que desde el Gobierno central no se ha deslizado ningún tipo de señal que haga prever que están analizando el tema.
Del aumento tarifario del 48% para las grandes empresas e instituciones públicas que sobrepasarán los 25 mil metros cúbicos de consumo, se pasó a un alza confirmada de las cuentas eléctricas, por parte de Edelmag, quien afirmó que traspasará los costos que le serán indexados por este nuevo contrato.

Alza residencial
El anuncio desató la alerta entre la población, quien veía cómo las promesas que aseguraban que éste aumento no afectaría la economía doméstica, no se concretaban. Más aún, cuando Diario El Pingüino, a través de una investigación acuciosa de las boletas de consumo de gas de los últimos siete años, acusó que este servicio básico experimentó un alza cercana al 80% del valor del metro cúbico.
Esta discusión puso sobre la mesa la importancia de este esencial servicio para los magallánicos, ya que lejos de ser un lujo como medio de calefacción como es en la zona central, el gas natural aquí es una necesidad de primera línea de la que no se puede prescindir.
Respecto de esta indiscutible alza, el intendente manifestó ayer que “el mecanismo tarifario, que viene desde el año 2003 y que fija la Comisión Nacional  de Energía, es el que ha provocado algunos incrementos, como se planteó públicamente, pero es un incremento basado en variaciones del dólar y no del valor energético”.
Con todos estos antecedentes sobre la mesa, las acusaciones cruzadas no se hicieron esperar. Uno de los primeros atacados fue el titular de Enap-Magallanes, Víctor Briano, agudizado también por sus desafortunadas declaraciones. Sin embargo, poco y nada podía hacer, ya que la decisión emanó desde los altos mandos, especialmente, del directorio de la estatal, encabezado por el ministro de Minería, Santiago González.

¿Colusión?
A poco andar, se destapó una nueva arista de este asunto. El senador Carlos Bianchi, acusó una posible colusión entre Edelmag y Gasco, debido a que ambas empresas comparten ciertos accionistas. Tras esto, tomaron más protagonismo las dos uniones comunales de Punta Arenas, quienes consiguieron participar de una reunión ordinaria de la Comisión de Zonas Extremas, en el mismísimo Congreso.
Un nuevo golpe, ya que la esperada reunión no concertó a todos los parlamentarios miembros de la comisión y el titular de Minería brilló por su ausencia. Por si fuera poco, se entró a sala con la idea de revertir el alza y se salió con una extensión del contrato hasta fines de 2010.

Marcha
Por último, un naciente Comité para la Defensa de Magallanes (Codema), irrumpió en la problemática y llamó a una marcha en repudio por el alza, que reunió a cerca de 700 personas y que entró un ultimátum al gobierno: “revierten el alza en 10 días o paralizamos la ciudad”. Movilización de la que se descartaron los representantes de las dos uniones comunales y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), ganándose más de un abucheo.
De esta forma, este problema, que está afectando a toda la comunidad, no ha encontrado una solución tangible. Algunos acusan que se utiliza con fines políticos, mientras que otros dicen que es la oportunidad de ser eficientes energéticamente. Lo cierto es que el alza ya está operativa, el gobierno dice estar atado de manos y los magallánicos terminarán pagando, otra vez, el costo de vivir en una zona extrema.