Con la idea de velar por el buen cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, en su política de reinserción social de los menores que delinquen, tres jóvenes reclusos, junto al defensor penal público Obando Ruz, pidieron una mayor fiscalización sobre los programas que se entregan.
En una audiencia, llevada a cabo ayer por el juez Juan Olivares, Katherine Muñoz, Ramón Artiaga y Patricio Oyarzo, condenados a 10 años por un doble homicidio ocurrido hace cuatro años en calle Ignacio Carrera Pinto con Magallanes, reclamaron que no están recibiendo los programas que estipula la ley.
“No realizo casi ninguna de las actividades que salen acá, lo único que hago es ir a la escuela. No tenemos ningún tipo de actividad física, estamos todo el día sin hacer nada; si ni siquiera al gimnasio salimos”, acusó Arteaga. A su vez, Muñoz, más conocida como la “Kathy Chispa”, dijo que “en mi módulo no hay funcionarios, por eso hay algunos talleres que no se pueden hacer, como los laborales, porque tengo que salir a trabajar con custodia”.
En tanto, el jefe técnico de la Sección Juvenil del Complejo Penitencial de Punta Arenas, Pablo Toro Castillo, explicó que “el proceso de reinserción es difícil, pero no nos podemos quedar en eso. Gendarmería está trabajando de manera personalizada e individualizada con cada uno de ellos”.