Estos planes de reinserción social, que apuntan individualmente a las necesidades de cada uno de los infractores, deben acoger a todos los menores que sean condenados por algún ilícito. Sin embargo, como en todo orden de cosas, esto tiene un costo, que tiene que ser solventado por el Servicio Nacional de Menores (Sename).
Según informó a Diario   El Pingüino el coordinador del Área de Responsabilidad Juvenil, Alberto Coyopae, el servicio recibe anualmente del Ministerio de Justicia
$ 198 millones para financiar el régimen medio libre, en el que viven con sus familias, pero deben asistir a talleres y charlas. Además, para la administración directa, abarcando el resto de los planes, reciben $ 350 millones.