El obispo de Magallanes, Bernardo Bastres, dijo que “es grave que las autoridades atenten contra el estado de derecho, evitando cumplir los dictámenes de la Contraloría”.
Por su parte, el alcalde de Punta Arenas, Vladimiro Mimica Cárcamo,  reconoce que es “un problema valórico del país que tiene que ser solucionado”.