Tras el cierre de las ofertas por la licitación del transporte mayor de Punta Arenas, el pasado viernes, una serie de dudas y especulaciones comenzaron a rondar por el tema. Una de ellas, la principal quizás, es la figura del único oferente que llegó: Jaime Sánchez López.
Hasta el momento, sólo se sabe que es propietario de la firma Red Integrada de Transportes Metropolitano City Bus S.A. y que, incluso, fue gerente de Alsacia y Alsacia Express, unas de las principales operadoras del malogrado Transantiago.
A su vez, la cara visible en Magallanes de la empresa encargada de satisfacer la necesidad de un transporte mayor es Jaime Sánchez Sánchez, padre del oferente, quien trabaja en movilización de pasajeros de turismo, a través de su agencia de viajes. El capitalino también vino en representación de Andrea Estrada Arteaga, quien postuló al subsidio mensual de $ 6.550.000 por el Servicio Nº 1, con 15 microbuses, y de su hijo, quien ofertó por los $ 12.350.000, correspondientes a los Servicio Nº 6 y Nº 8, por 28 máquinas.
Sin embargo, un nuevo antecedente apareció respecto de esta firma. La empresa City Bus fue la única compañía externa a la V Región que participó, en 2006, para adjudicarse la licitación del transporte público del Gran Valparaíso. En aquella oportunidad, participaron por la unidad de negocio de Alto Estándar para el Litoral Costero, que incluía el recorrido desde Playa Ancha a Reñaca y Concón, pero sin éxito.
Según los antecedentes de aquella licitación, la empresa se quedó eliminada por no cumplir con las bases de dicho trámite, quedando en el camino por un cupo en el plan de Transporte Metropolitano de Valparaíso (TMV).
Si bien en Magallanes fueron los únicos oferentes, el titular subrogante de la cartera, Ezequiel Vera, afirmó que “aún falta que la Comisión Evaluadora, que está formada por Marcos Loayza, abogado de la Intendencia; Paola Flores, profesional de la Subsecretaría de Transportes, y Karina Leiva, encargada de Subsidios de la secretaría regional, den su aprobación”. Además, informó que no hay un plazo determinado para que den su respuesta, pero que “se tratará de apurar lo más posible el proceso”.
De no satisfacer todas las bases, como ocurrió en la V Región, la comisión deberá rechazar la oferta, debiendo llamar a otra licitación, caso que pondría al gobierno contra la pared, ya que el plazo puesto por los estudiantes para solucionar el problema es este 22 de julio, sin vuelta atrás.