La ley 20.305 fue publicada el 5 de diciembre de 2008 y tiene por objeto mejorar las condiciones de retiro  de los trabajadores del sector público con bajas tasas de reemplazo de sus pensiones. Con ella de alguna manera se busca solucionar  los graves problemas que ha traído el sistema de cotización individual instaurado por el Decreto Ley 3.500, otorgando un bono vitalicio de $ 50 mil para aquellos funcionarios que se encuentran afiliados al sistema de pensión de AFP y que cumplan con algunos  requisitos estipulados por la ley.
Uno de los beneficiados por esta iniciativa legal son los “trabajadores de sectores de la administración del Estado que hayan sido traspasados o se traspasen a dichas municipalidades en virtud de los dispuesto por el Decreto con Fuerza de Ley Nº 1 - 3.063, de 1980, del Ministerio del Interior. Es en esa parte del artículo donde se establece como beneficiarios a aquellos profesionales de la educación que fueron traspasados al sistema municipalizado.
El segundo requisitos es tener a lo menos 20 años de servicio en las instituciones señaladas o en sus antecesores legales. Tener un tasa de reemplazo líquida estipulada igual o inferior a 55% y acceder a una pensión de vejez líquida regida por el Decreto Ley 3.500. Esto se refiere a que el monto que se reciba de pensión sea igual o menor al 55% de lo que se recibía de remuneración al momento de estar activo (Promedio de los 12 meses inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud, salvo casos especiales contemplados en el artículo 2º de la citada ley). Tener cumplido 60 años, en el caso de la mujeres y 65 en el caso de los hombres. Cesar el cargo o terminar el contrato de trabajo en las instituciones señaladas ya sea por: renuncia voluntaria; pensión de vejez (DL 3.500); suspensión de empleo. Todo esto dentro de los 12 meses siguientes de cumplir la edad señalada anteriormente, quedando claro que en el caso de no solicitar este beneficio dentro de este plazo, se entenderá que el trabajador ha renunciado a él.
Pues bien, más de seis meses han transcurrido desde que se dio a conocer esta normativa, que favorece a alrededor del 80% de los profesores jubilados, quienes han debido recurrir a una suerte de trámites engorrosos y aún no obtienen una respuesta, es más no han recibido ni un sólo peso del mencionado bono.
El presidente del Departamento de Profesores Jubilados, Alonso Chávez,  manifestó que “esto era  una injusticia ya que en reiteradas ocasiones han presentado sus papeles y todavía no pasa absolutamente nada. Hemos entregado la fotocopia del finiquito, de la cédula de identidad, el certificado de la AFP, certificado de antigüedad y todavía estamos a la espera. Hay muchos colegas que se han tenido que retirar con una pensión bajísima  y no tienen acceso a este bono vitalicio. Nuestras pensiones de vejez están bajo el 55% de las últimas remuneraciones. El profesor pierde dos tercios de su sueldo si está afiliado al sistema de AFP, se salvan solamente los que quedaron bajo el régimen antiguo del INP”, expresó.
Asimismo, indicó que “han conversado con el empleador y el abogado de la corporación nos ha dicho que sí nos corresponde, pero que el tema tendría que resolverlo la superintendencia de pensiones y la tesorería. Hasta el momento la situación es poco clara y realmente ya nos sabemos qué hacer”, precisó.