La Contraloría General de la República inició un sumario contra autoridades, ex autoridades y monitores que participaron en la denominada “Universidad de la Vida”, donde cerca de 900 personas recibieron el pago del 4% adeudado.
Luego de una consulta a nivel nacional el contralor general Ramiro Mendoza dio a conocer que todo este proceso había sido inconstitucional, ordenando a la Contraloría Regional el 1 de julio iniciar un sumario en contra de la ex intendenta Eugenia Mancilla, del actual Mario Maturana, del secretario de Hacienda, Rodrigo Aicón, del gobernador de Tierra del Fuego, Eduardo Barros, y del ex secretario del Trabajo, Claudio Faúndez. Además, del personal de Sercotec que estuvo a cargo de dicho proceso.
El abogado que lleva la causa de los jubilados, José Luis Saavedra, dijo que la autoridad había encontrado ciertas irregularidades en la parte administrativa, por el tema del pago del 4%. Señalando explícitamente que si se canceló no se hizo conforme a la ley, por lo que ésta iniciará sumarios administrativos en contra de todos los que resulten responsables. Incluso se plantea la posibilidad de plantear acciones penales civiles para investigar la existencia de delitos ya que los dineros para pagar el curso salieron de un fondo destinado a micro empresarios.