En la querella presentada el viernes pasado por un grupo de jubilados que buscan una compensación por el 4%, una de la personas individualizadas fue el abogado Claudio Faúndez Becerra, ex seremi del Trabajo y Previsión Social durante el período en que se realizó el pago de dos millones de pesos.
En una declaración pública, el abogado Faúndez expresó que ante las informaciones aparecidas en los diferentes medios de comunicación, relativos al proceso desarrollado por el Gobierno Regional el año 2008, que “no es efectivo que me haya cabido participación alguna en la determinación del programa denominado Universidad de la vida”.
Faúndez mencionó que luego de que se afirmara que sería la seremi del Trabajo la que coordinaría el proceso para cumplir con la voluntad de la Presidenta Michelle Bachelet, respecto de satisfacer la demanda de los pensionados de la Empart, solicitó a la intendenta de la época (Eugenia Mancilla) toda la información que ella disponía con el fin de efectuar la coordinación, la que -asegura- nunca le fue entregada.
El ex seremi del Trabajo además agrega que “el Ministerio del Trabajo y Previsión Social informó, a través del INP y de la superintendencia de seguridad social, a todos y cada uno de los pensionados que se inscribieron en la ventanilla única, que desde el punto de vista jurídico no resultaba procedente hacer pago alguno a las personas que habían cotizado en la ex caja Empart”.
Faúndez también señaló que siempre se le dijo que la cartera que iba a realizar el pago a los jubilados iba a ser Hacienda, a la cual también, vía oficio, le solicitó información, de la que no tuvo respuesta.
Claudio Faúndez explicó que su participación en este proceso finalizó cuando fue publicado el listado de las  940 personas que accederían al beneficio. “Después de esa publicación y atendido que se vencían los plazos comprometidos por Eugenia Mancilla, solicité nuevamente me indicara cuales serían los mecanismos que operarían para pagar a los pensionados. Nuevamente no recibí respuesta, por lo que remití un oficio a la primera autoridad regional solicitando instrucciones precisas y concretas respecto al pago”, aseguró el abogado.
El ex seremi también mencionó que se envió una copia de dicho oficio al Ministerio del Trabajo, Subsecretaria del Trabajo y Subsecretaria de Previsión Social. “Esta circunstancia gatilló la molestia de la primera autoridad y fue esa razón, no otra, la que causó que la señora Mancilla me solicitara la renuncia después de haber sido víctima de un delito”, indicó el ex seremi del Trabajo.
Junto con lo anterior, manifestó su preocupación respecto de las acciones legales emprendidas por el abogado José Luis Saavedra, porque al igual como les dijo a los ex pensionados de Empart, jurídicamente no existe posibilidad de obtener devolución de lo cotizado, fundamentalmente por los plazos transcurridos.
El abogado finaliza diciendo que la Presidenta Michelle Bachelet  no tiene responsabilidad alguna en las irregularidades que se pudieran haber cometido, ya que el programa fue dispuesto y coordinado por el ex seremi de Gobierno y la ex intendenta Mancilla.