Frenar lo que podría ser la llegada a Magallanes de un delito tan reprochable como es la extorsión, a través de amenazas de muerte por escrito, y para que hechos como estos se investiguen a fondo, es que fue presentada la querella criminal ayer en los tribunales por el abogado penalista Francisco Cárdenas Mansilla.
El trámite lo cumplió a nombre de dos de los tres empresarios amenazados (Pedro Sánchez y José Marín), quienes recibieron una misiva en que les exigía el pago de nueve millones de pesos cada uno y que, en caso de incumplimientos, arriesgaban perder sus vidas.
La carta, que primero llegó a manos de Esteban Guic, tiene fecha de martes 21 de julio y el plazo para que las víctimas entregaran los 27 millones de pesos se cumplía el domingo 26. Las instrucciones eran que Guic, Marín y Sánchez guardaran el botín en bolsas de supermercado y dejaran los tres paquetes dentro de un canasto de basura de fierro de color negro ubicado en las afueras de Arauco 742.
Los delincuentes atemorizaron a sus víctimas dejándoles en claro que si intentaban colocar cámaras de vigilancia, contratar algún observador profesional o involucrar a la policía no retirarían los paquetes, “pero automáticamente doy la orden para hacer volar una de sus cabezas”, indican en la carta.
Francisco Cárdenas dijo que las amenazas están penadas por ley y peor aún si se hacen por escrito y exigiendo dinero. Por esto, el o los autores, arriesgan hasta cinco años de cárcel porque esto último se toma como una agravante.
Hasta las últimas consecuencias
La querella pretende llegar al fondo de este delicado asunto, “porque buscamos que el delito se investigue hasta las últimas consecuencias”. Sus clientes están dispuestos a perseguir la responsabilidad de quien o quienes estén detrás de estas amenazas, “porque si hay algo que no queremos es llegar a niveles de inseguridad que no quisiéramos”.
Calificó de “cobardes” y “veladas” las amenazas estampadas en la carta, que en cualquier persona generan temor en su entorno familiar.
Los empresarios afectados tienen puestas todas sus esperanzas en el trabajo y profesionalismo de la Policía de Investigaciones, en que el trabajo será rápido y efectivo por el bien de los afectados y la comunidad en general. Sobre todo por la sensación de inseguridad que generan hechos como éstos.