Tras la polémica por el “cabello largo”, la autoridad  fue clara al indicar que las sanciones en contra de los establecimientos  educacionales que incurran en estos hechos deben ser aplicadas por el sostenedor.
Durante los últimos días se ha generado una  controversia por la situación de algunos alumnos de tres colegios municipalizados de Punta Arenas que se vieron imposibilitados de ingresar a clases después de que se les comunicara que tenían que cortarse el cabello y no lo hicieran. Como reprimenda, fueron enviados a sus casas, aún cuando la Secretaría Regional Ministerial de Educación, a comienzo de año, había sido enfática en señalar que ningún alumno puede quedar fuera de la sala de clases por estos hechos o por no contar con algún material o vestimenta.
Frente a ello, la seremi de Educación, Eleanor Montaña, precisó que la situación fue aclarada directamente con los establecimientos eduacacionales aludidos. “Se conversó con los alumnos y les plantéanos que hay normativas que rigen dentro de sus liceos. Éstas son las de convivencia escolar, las que fueron acordadas por su Centro de Estudiantes y que deben ser respetadas”, expresó.
La autoridad indicó que esta situación no se había producido con antelación  “y obviamente necesitamos que no se vuelva a producir. Esto pasa por la revisión del hecho que los afecta en conjunto con la directiva del Centro de Alumnos, para dar una solución adecuada al tema”, agregó Montaña.
Asimismo, reiteró la recomendación de no enviar a los alumnos en horas de clases a sus casas. “Se lo hemos planteado a los colegios claramente. No se pueden devolver los alumnos a sus casas, porque nadie nos asegura que estos jóvenes regresen efectivamente a sus hogares. Los riesgos que corren son altos, sobre todo porque sus padres, en su gran mayoría, se encuentran trabajando. Además, se encuentran sujetos a otros riesgos mientras circulan por la ciudad. Este tema también lo hemos conversado con la Corporación Municipal, indicándoles que ellos como sostenedores, y quienes ejecutan las acciones administrativas, son los responsables de que estas acciones no se repitan en los establecimientos educacionales”, manifestó.
La seremi fue enfática al decir que las sanciones deben ser aplicadas por el sostenedor. “Éste es el encargado de administrar el desarrollo educativo de los colegios. Porque además de los riesgos que corren los alumnos, se produce una baja en la asistencia, lo que a la larga repercute en la subvención escolar”, expresó.