Ayer la Corporación Municipal para la Educación, Salud y Atención al Menor de Punta Arenas a través de una resolución interna ratificó el dictamen efectuado el 7 de agosto de 2009 en contra de la docente de la Escuela Bernardo O’Higgins Gloria Soto, en la cual se decidió destituirla de sus funciones.
El procedimiento realizado por la entidad  busca establecer responsabilidades funcionarias o administrativas, por lo que todas aquellas acciones que sean responsabilidades penales o civiles no le competen a la Corporación Municipal, ya que sólo le corresponde ver la relación de las responsabilidades funcionarias entre el empleador, el sostener y el funcionario.
Estatuto docente
La Ley 19.070 que rige a los profesionales de la educación manifiesta constantes cambios, por lo que se trata de una ley que tiene constantes modificaciones. De este modo, para poder manejarlo se debe estar constantemente informado respecto a ellas.
Una de las más importantes modificaciones que ha sufrido esta ley fue efectuada en enero de 2008, específicamente la Ley 20.248, separó la causal “incumplimiento grave de obligaciones” de las demás causas que ponen término a un contrato a funcionarios docentes.
De este modo, en la práctica legal el “incumplimiento grave de obligaciones” no está fehacientemente establecido en un sumario administrativo, prueba de ello es que fue separada la obligación de establecer un sumario administrativo por sólo haber cometido una conducta inmoral y por falta a la probidad.
Corporación Municipal
La entidad inició una investigación donde todas las partes implicadas declararon. Además, se adjuntaron documentos y se rindieron pruebas de acuerdo al estatuto de los funcionarios públicos.
Según lo revelado por fuentes cercanas a la entidad, luego  de realizada la investigación sumaria y de haberse dado a conocer la información a través de Diario El Pingüino, la Corporación Municipal, los padres y apoderados habrían recibido “amenazas e insultos por desconocimiento y falta de información”.