Una demanda de indemnización de perjuicios por 500 millones de pesos en contra del suspendido sacerdote Jaime Low Cabezas, y del Obispado de Punta Arenas, representado por Bernardo Bastres Florence, presentó la madre del menor que llevó a juicio al ex párroco de Fátima.
Por este caso Low fue condenado por tener relaciones sexuales con un adolescente de 15 años, fallo que el 13 de junio fue ratificado por la Corte de Apelaciones que rechazó el recurso de nulidad que interpuso el defensor del sacerdote. La condena lo obliga a estar bajo el control de Gendarmería por tres años, tras recibir el beneficio de la remisión condicional de la pena. Actualmente Low se encuentra firmando en el Centro de Reinserción Social (CRS).
Nuevo capítulo judicial
Pero la demanda, patrocinada por el abogado Guillermo Ibacache, abre un nuevo capítulo a este caso judicial a partir de que la sentencia dictada por el Tribunal Oral en contra del demandado Low, “tuvo por establecido que un día de diciembre de 2007, en circunstancias que el joven D.M.H.H., de 15 años, se encontraba en dependencias de la casa del obispo de Punta Arenas, específicamente en el dormitorio del sacerdote Jaime Low, este último procedió a acceder carnalmente vía anal al referido menor”.
El Código Civil que establece que “el que ha cometido un delito o cuasidelito que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización; sin perjuicio de la pena que le impongan las leyes por el delito o cuasi delito”.
Y la responsabilidad civil demandada solidariamente respecto del Obispado de Punta Arenas, se entiende en que “toda persona es responsable no sólo de sus propias acciones, sino del hecho de aquellos que estuvieren a su cuidado o bien, en subsidio, del artículo 2322 del Código Civil”.
“En este caso, existía una vinculación jerárquica entre el demandado civil –Obispado de Punta Arenas- y el condenado, autor del delito de connotación sexual cometido precisamente dentro del abusivo ejercicio pastoral de este último, de los que aquélla había tomado conocimiento frente a otras denuncias efectuadas por comportamiento sexual incorrecto, por lo que resulta evidente la responsabilidad civil indirecta”, plantea Ibacache en la demanda.
Millonaria cifra
Justifican la demanda por 500 millones de pesos atendida las consecuencias que la situación produjo en el menor víctima del delito y el entorno más cercano.
“En este caso en particular, nuestro proyecto de vida, resultó arruinado, ya que el menor tuvo que alejarse de la ciudad, dejando el hogar que lo había cobijado durante su infancia y parte de su adolescencia”, indica la madre del menor en la demanda.
En efecto, “a raíz del ataque sexual comenzó a mostrar cambios en su conducta habitual, llegando a extremos de agresividad física y verbal en contra de sus tíos y bisabuela, personas con quienes vivía, a partir del año 1997, cambios de conducta que precisamente permitieron descubrir el abuso sufrido”, acusa la progenitora.
Como consecuencia de lo ocurrido, el adolescente fue separado de su hogar y del medio en que estaba acostumbrado a vivir, cambiando su status social. “Según el siquiatra, existe un peligro latente de suicidio, ya que observa que ha experimentado una pérdida de interés por la vida, descuido personal, conflictos emocionales con vecinos y sin proyección propia de futuro. Ya lleva dos años de estudio perdidos, y actualmente, no obstante que se encuentra matriculado en un nuevo colegio, ha comenzado a generar conflictos para no asistir”, lamenta la madre.