La próxima semana el Ejecutivo enviará al Senado el proyecto de Ley de Presupuesto 2010. Según afirman expertos, este tendría énfasis en las  materias Trabajo y Gasto Social. Sin embargo, hay carteras que ya han dejado ver algunas luces. Recientemente, la ministra de Educación, Mónica Jiménez, anticipó que el presupuesto de su cartera crecerá un 5,8% en 2010, cantidad que calificó como “presupuesto de continuidad” y que es levemente superior a la cifra que, en círculos parlamentarios y de especialistas, se maneja respecto de la expansión del gasto agregado para el año que viene.
En el Congreso comentan que el foco estará puesto, tal como durante todo el gobierno de Michelle Bachelet, en el gasto social. En 2009 -sin contar el plan fiscal por US$ 4 mil millones para hacer frente al deterioro de la situación económica- el 69,1% del presupuesto fue, precisamente, para esa materia.
Rosanna Costa, experta de Libertad y Desarrollo, comentó que “todo dependerá de las prioridades que defina el Ejecutivo antes de enviar el proyecto al Parlamento, pero que, atendiendo a algunos compromisos adquiridos por la actual administración, hay algunas partidas que aumentarán substancialmente el gasto”.
Una de ellas, y quizás la que será más notoria, será Trabajo y Previsión Social, cartera que dirige Claudia Serrano y que deberá hacerse cargo de compromisos contraídos en la Reforma Previsional y que ahora deberá financiar. En esta misma cartera se incluyen gastos para la generación de empleos fiscales, considerando que expertos prevén que la normalización del mercado laboral tarde más que la reactivación de la economía en general, al igual que la tasa de desocupación baje de los dos dígitos en que se encuentra hoy.
Ley de
Responsabilidad Fiscal
Para la primera semana de octubre fue programada la asistencia de los candidatos presidenciales a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos del Parlamento, ante el interés de los legisladores por conocer su visión económica.
La cita es un adelanto de lo que exige la Ley de Responsabilidad Fiscal, de acuerdo a la cual los jefes de Estado deben informar en los primeros noventa días de su mandato “las bases de la política fiscal que se aplicará durante su administración, que deberá incluir un pronunciamiento explícito acerca de las implicancias y efectos que tendrá su política sobre el balance estructural correspondiente al período de su administración”.