
Los puntos en desacuerdo más relevantes son dos: la pérdida de las concesiones que sufrirían las empresas que hayan incurrido en prácticas antisindicales y los 25 años de duración de las concesiones con posibilidad de renovarse sólo si cumplen el 50% de sus informes ambientales.
El Ejecutivo ve con mucha preocupación que la iniciativa se entrampe en el Congreso, pues la consideran un factor determinante para que se recupere la industria salmonera, afectada desde mediados de 2007 por la aparición del virus ISA.
La intención del gobierno es que la normativa esté despachada en octubre.