Después de permanecer cinco meses en la cárcel, ayer recuperó la libertad Guido Eduardo Torres Oyarzo, quien fue hallado inocente del asalto que le imputaba la fiscalía local. Por dos votos a uno los jueces no llegaron a la convicción de culpabilidad y lo absolvieron en el juicio oral realizado ayer.
El Ministerio Público solicitaba que Torres fuera condenado a sufrir una pena de diez años de presidio, dado que al acusado lo perjudicaba la agravante de ser reincidente en este tipo de delitos. El abogado defensor, Guillermo Ibacache Carrasco, valoró que los magistrados no consideraran esto último, “porque acá estamos juzgando conductas actuales y no pasadas”.
Los hechos en los cuales Guido Torres fue sindicado autor corresponden a la madrugada del 8 de mayo del presente año. A las 4.30 horas Javier Díaz Bahamonde caminaba por las inmediaciones de calle Señoret y al llegar a Balmaceda, Torres se habría acercado a la víctima agrediéndolo con un golpe de puño en el rostro tras lo cual le exigió la entrega de dinero. La negativa de la víctima le costó una nueva agresión con golpes en el cuerpo y el robo de $ 11.000.
Estos hechos le significaron a Guido Torres, parrillero de un conocido restaurante de Punta Arenas, ser detenido y llevado a juicio. “Yo siempre creí en la inocencia de mi cliente”, dijo ayer Guillermo Ibacache tras conseguir la absolución y libertad de su cliente.
Los jueces Juan Santana Soto y Jovita Soto Maldonado fueron partidarios de absolver al acusado, “por cuanto no logramos formar la convicción de condena”. Sin embargo el magistrado Fabio Jordán no tuvo la misma percepción y votó por inclinar la balanza de la justicia por el lado de la condena.
Respecto a la absolución por mayoría, Ibacache la entiende a partir de que “el Ministerio Público no pudo superar el estándar mínimo probatorio”. Esto lo atribuye a que “el juicio descansó solamente en la denuncia de la víctima y en ninguna otra prueba”, y por ello le resulta razonable que cuando se presentan este tipo de casos las sentencias absolutorias aparecen como muy prudente, “de lo contrario podría darse el caso de que cualquier persona denuncie a otra y no por eso la van a condenar. Y como estamos en un estado de Derecho situaciones así son inaceptables jurídicamente”.