Alrededor de 200 personas, mayoritariamente alumnos, debieron ser desalojados de la Facultad de Ciencias y Economía de la Universidad de Magallanes (Umag) a raíz de un falso aviso de bomba.
Carabineros informó que a las siete de la tarde recibieron un llamado al fono emergencia 133. Una voz masculina y misteriosa alertaba que en el recinto universitario de avenida Bulnes detonaría una bomba.
El control y supervisión de la emergencia lo tomó personalmente el subprefecto de los Servicios, teniente coronel Ricardo Contreras, quien ordenó el traslado inmediato de la Patrulla de Acciones Especiales (PAE). La primera medida fue el desalojo de los alumnos y personal docente que a esa hora se encontraban en la Umag, en un número aproximado a las 200 personas.
“El llamado que recibimos a la Central de Comunicaciones daba cuenta de la instalación de un elemento explosivo. Por ello nos constituimos en el lugar y en coordinación con el decano de la facultad se procedió a realizar una evacuación. Personal policial hizo un registro completo de las instalaciones, sin encontrar algún artefacto que tuviera características a una bomba”, informó el oficial policial.
Rastrean llamada
Paralelamente Carabineros inició un rastreo de la llamada, porque los sistemas comunicacionales que tienen dejan registro de todos los contactos. Estos antecedentes serán puestos en manos de la fiscalía para la investigación que permita dar con el paradero de la persona que efectuó el llamado.
El subprefecto recordó que esto constituye un delito y, por lo mismo, acciones de este tipo son transgresiones a la ley, además de causar serios trastornos a la tranquilidad de la comunidad. Incluso esto distrae al personal de Carabineros de las labores habituales de prevención en las calles. Frente a esto, formuló un llamado a la responsabilidad para que la gente, sobre todo los más jóvenes, eviten incurrir en este tipo de acciones. La normalidad al campus universitario llegó una hora más tarde.
Al Juzgado de Garantía han llegado varias causas por falsos llamados a los organismos de emergencia. La mayoría de los casos corresponde a estudiantes de enseñanza media, los cuales fueron sancionados, sobre todo con trabajo comunitario.