
Fue así que en la audiencia del 17 de junio el fiscal Aguirre le comunicó a Téllez que iniciaba una investigación en su contra por el delito de malversación de caudales públicos. Hasta ese momento la defraudación se elevaba a los 35 millones de pesos, con 40 cheques adulterados. La denuncia por esto la oficializó el propio alcalde de Laguna Blanca, Ricardo Ritter.
En esa oportunidad el fiscal pidió prisión preventiva para Téllez, por considerar que su libertad constituía un peligro para la seguridad de la sociedad y por un eventual peligro de fuga. El juez Pablo Miño rechazó la solicitud, sin embargo, Felipe Aguirre apeló a la Corte de Apelaciones, instancia que revocó la medida inicial y envió a cumplir prisión preventiva al contador.