Los esfuerzos que ha hecho la misma Corporación Municipal de Punta Arenas, más los de la Municipalidad de la comuna y de su alcalde, Vladimiro Mimica Cárcamo, no han sido suficientes para volver los números azules a su caja.
Los funcionarios del departamento de finanzas de la entidad realizan un informe todos los meses para ir avaluando las ganancias y los gastos. No obstante, la semana pasada se entregó al directorio un documento extra, el cual confirma que a la fecha la deuda que posee es de
$ 3.900 millones.
Este organismo municipal se hace cargo de la administración de la salud y de la educación pública en la comuna, a través de los recursos que le entrega el ministerio de cada una de las áreas.
El problema es que la cartera de Educación destina un monto inferior a los gastos con que debe cumplir mensualmente la entidad, esto porque se le cancela una cifra variable, que depende del promedio de asistencia de los alumnos a los establecimientos municipales. Sin embargo, la corporación debe responder con todos los costos fijos, sumas que a veces no se alcanzan a cubrir si el ausentismo fue muy alto en las escuelas y liceos.
Este desfase origina que definitivamente los recursos que entrega el Ministerio de Educación, basados en la política pública que actualmente rige, no sean suficientes y el sistema educacional, no sólo el de Punta Arenas, sea insostenible.
Según un estudio realizado por la corporación, en los últimos ocho años ha disminuido un 19% la matrícula en los establecimientos municipalizados, lo que se traduce directamente en la entrada de menos recursos por subvención. Pero como se señalaba anteriormente, los costos fijos, como los sueldos de los profesores siguen siendo los mismos, por lo tanto allí se crea el primer desbarajuste económico, sacar dinero de otra parte para cubrir esas responsabilidades que no alcanzan a ser solventadas con el dinero que entrega el gobierno.
Además de esto, en agosto, la Superintendencia de Bancos emitió una circular donde prohibía a las corporaciones municipales de todo el país solicitar préstamos y ocupar la línea de crédito, hecho que agudizó la carencia de recursos.
Hasta esa fecha la entidad puntarenense había hecho uso de $ 700 millones, cantidad que deberá ser cancelada desde marzo en ocho cuotas.
Reducción de personal
Una vía para disminuir los costos, y ante la baja de matrículas, es llamar a retiro a algunos docentes que estén en edad de jubilar. Lo ideal es llegar a la reducción de 2.500 horas.
Para alcanzar esa cantidad deben alejarse del sistema municipal 43 profesores, siete directivos y 50 asistentes de la educación.
Actualmente, 13 personas están en edad y desean jubilar, costo que para la corporación ascenderá a
$ 203 millones. En total tiene presupuestado desembolsar
$ 619 millones para cancelar la marginación de todas las personas que se requieren.
Todos estos malabares y soluciones que a más de alguien no le va a parecer, están hasta cierto punto impulsadas por una política gubernamental que no es sustentable. No puede ser que se destinen menos recursos que los costos fijos para mantener la educación de los niños.
Pareciera que el gobierno está impulsando a las familias a inscribir a sus hijos en los establecimientos particulares subvencionados, para de esta forma hacerlas gastar recursos en, según lo han dicho las mismas autoridades, un derecho de todos.