Después que los funcionarios de la Residencia de Vida Familiar Cardenal Raúl Silva Henríquez, denunciaran haber sido víctimas de maltratos físicos y psicológicos, por parte de los niños a los cuales atienden. Debido a esto, se convocó a una sesión extraordinaria al tribunal de familia para que tome las acciones pertinentes a fin de resguardar la integridad tanto de los funcionarios como de los demás menores que viven allí.

Aparte del golpe en la cabeza que recibió una funcionaria hace unos días atrás por parte del menor identificado con las iniciales J.C.G.G., de 16 años, se han sumado otras denuncias a este mismo muchacho, el cual fue apodado hace algún tiempo como el “cizarro magallánico”.  Entre estas destacan las amenazas con arma blanca a una persona del Instituto de la Juventud (Injuv), en el cual se dictamino la prohibición de acercarse al funcionario y quedar con libertad vigilada.

Otra de las acusaciones que se le hacen a este menor es que les roba el dinero, aparte de llegar en estado de ebriedad y de madrugada, cuando la hora del menor para estar en el Hogar es a las 21.00 horas como máximo.

A esto se le suma la amenaza a un niño de ocho años, quien llegó hace poco a la residencia, el cual debe permanecer vigilado las 24 horas, por si le quieren hacer daño.

Esto provoca una especie de caos donde los que gobiernan este centro son los niños, ya que si ellos están de buen ánimo no provocan ningún escándalo, pero si a ellos se les presiona de cualquier manera, ellos pueden reaccionar de maneras impensadas, como le ocurrió a una de las funcionarias, a la que golpearon por el hecho de  creer que ella los miró de mala manera.

Todas estas denuncias se hacen de forma anónima, por temor a represalias por parte de los menores a ellos mismos o a sus familias.

Los vecinos del sector por su parte se oponen en la construcción de otro centro en el mismo lugar ya que ven en riesgo su bienestar dentro del sector. Anteriormente, ya se había puesto un recurso en contra del hogar, el que fue acogido por la fiscalía.

Lo que se está pidiendo es que a este muchacho se le derive a un Centro de Rehabilitación Conductual (Cereco), en donde se tienen a los niños en privación de libertad.

La directora de la Fundación Esperanza, Mónica Cerro, se refirió al posible traspaso de estos dos menores a dicho centro, diciendo que esta alternativa no es viable, ya que a esos centros solo se mandan a muchachos que han infringido la ley y son condenados, lo que en este caso no correspondería.

En cuanto Cesar Montiel, director del Servicio Nacional del Menor (Sename), dijo que no es decisión de este organismo que estos menores vayan a un centro de privación de libertad, ya que eso lo decide la fiscalía.

También se refirió a las acusaciones de los funcionarios en contra  del apodado Cizarro llega borracho, a lo que dijo que esas acusaciones son sin fundamentos ni pruebas, por lo que en ese sentido no pueden hacer nada mientras no se muestren hechos concretos.

Otro hecho que involucra a la residencia es que hace un par de días atrás se prendió fuego a  unos muebles antiguos que ya no servían. Esta fogata fue hecha en una esquina del patio colindante al Colegio Contardi.

Cabe recordar que los niños atendidos por la Fundación Esperanza, la cual funciona en la región hace más de 19 años, son menores a los que se les han vulnerado sus derechos desde pequeños, algunos desde que nacieron. Por eso, se les intenta dar el mejor cuidado, aunque en estos minutos son algunos de ellos quienes vulneran los derechos de los demás con sus conductas antisociales.

En cuanto a la medida que podría tomar hoy el Tribunal Familiar, es que este muchacho sea trasladado a otro centro, como por ejemplo, la residencia que tiene  la fundación, pero fuera de la región.  En estos momentos la más cercana  aún cuando hoy por hoy sería Puerto Montt tiene sus cupos llenos.